Aumentan los conflictos sociales vinculados a la minería.En el 2006 llegaron a 20, según la Defensoría del Pueblo.Es como si las empresas mineras hubieran estado sembrando aquellos explosivos enterrados que al menor contacto explotan.

Las empresas mineras se acostumbraron a explorar, abrir socavones y extraer minerales pasando por encima de los pueblos y comunidades. La acumulación de casos de minas que contaminan o quitan tierras y aguas a los campesinos ha generado mucha desconfianza. El contraste entre extrema riqueza de unos pocos y empobrecimiento de muchos, han agravado también los problemas. A eso se suma la respuesta de las empresas mineras frente a los reclamos de la población; que más de una vez ha sido con violencia y manipulación. Sobran ejemplos: Tambogrande en Piura, Cerro Quillish en Cajamarca, o Río Blanco (Majaz) en la sierra de Piura.

Estos conflictos pueden multiplicarse porque la minería se está expandiendo por todo el territorio. Actualmente, hay 33 mil denuncios mineros abarcando 13 millones de hectáreas que las empresas mineras han separado para sus actividades, pero el Ministerio de Energía y Minas considera que existen otros 60 millones de hectáreas, disponible para la minería, sin considerar si son zonas urbanas, involucran ecosistemas frágiles o se usan para la producción agropecuaria. Esta política está afectando los pocos terrenos de cultivos altamente productivos de algunos valles interandinos y de la costa, como los Valles del Ite y Tambo en Moquegua.

Un caso extremo fue el intento de reubicar el pueblo de Tambogrande para un proyecto minero. Eso hubiera significado desplazar a miles de familias de sus hogares. De esta manera, los conflictos entre minería y población se agravan, ante un Ministerio de Energía y Minas incapaz de regular debidamente una minería que deja de lado los derechos de las poblaciones.

LA CONTROVERSIA POR LA LEY DE TIERRAS

En 1995 se modificó la Ley de Tierras, estableciendo que en caso de conflicto entre un propietario de tierras e inversionistas mineros que pretendan explorar en dichas tierras, el propietario de la tierra tiene que subordinarse al interés del minero y permitir su actividad.

Aunque usted no lo crea, una compañía minera puede explorar en el terreno de su casa, y si luego encuentra minerales, puede botar su casa y abrir una mina allí mismo, y usted no puede impedirlo. Le pagarán algo, pero nadie asegura que será un precio justo.

Estos cambios a la Ley de Tierras - que hacen tabla rasa del principio de justicia social- han avivado la disputa por el control de las tierras de comunidades campesinas e indígenas, asentadas allí por cientos de años. Por eso es que numerosas comunidades campesinas han objetado la Ley, han producido litigios legales y enfrentamientos con los inversionistas mineros.

LA REPUESTA DE LAS TRASNACIONALES MINERAS: “LA LICENCIA SOCIAL”

Frente a los conflictos, las empresas mineras desarrollan iniciativas como la llamada “Licencia Social”, entendida como una relación de buena voluntad y apoyo mutuo a favor de las comunidades vecinas. Un ejemplo es la minera Xstrata, con su Proyecto de Las Bambas en Apurímac. Desarrolló consultas con las comunidades locales buscando resolver dudas sobre temas ambientales, reasentamientos, compras y contrataciones locales de la compañía, etc. En el caso de Tintaya, la empresa BHP Billinton desarrolló consultas y firmó dos convenios, uno a nivel de las comunidades cercanas y otro a nivel provincial, para financiar proyectos de desarrollo.

¿ACTUAR SOBRE LA LECHE DERRAMADA O CONSULTAR DESDE ANTES?

Sin embargo, aunque estas iniciativas de responsabilidad social empresarial tienen un efecto positivo, están lejos de ser la solución a las controversias y conflictos. Es que las poblaciones ligadas a la minería son vistas como receptores pasivos de favores, pero no se les reconoce visión propia ni capacidad. Además, la licencia social queda a criterio de cada empresa, sin su norma de cumplimiento obligatorio, por lo que a menudo no se aplica o se hace mal. Iniciativas como “licencia social” son importantes, porque la población de las comunidades vecinas también tienen derechos.

Respetar su derecho a la propiedad de la tierra, al medio ambiente y a la salud, requiere consultarlas antes de permitir la exploración y explotación minera. Quienes viven en la zona deben poder decir si están de acuerdo, con las actividades mineras y bajo que condiciones.

Así, el otorgamiento de concesiones mineras debería suponer un proceso de información y discusión por parte de las comunidades y pueblos afectados. Sin embargo, actualmente las concesiones son impulsadas por el Estado de manera acelerada, basada en una conveniencia económica de corto plazo y sin la opinión de las poblaciones involucradas. Es fundamental, una consulta que se constituya un mecanismo para que las comunidades locales mejoren sus condiciones de negociación y relación con la mina. A nivel internacional, tras amargas experiencias con las empresas mineras, se promueve la Consulta Previa, Libre e Informada.

El Perú incluso firmó el Convenio 169 de la OIT, que obliga a nuestro Estado a someter a consulta y a requerir el consentimiento de los pueblos indígenas, cuando sus decisiones afecten sus territorios. Consecuentemente, el Perú, debería implementar una política de manejo de recursos naturales que aplique lo siguiente:

• Mecanismos de consulta adecuados con la población, antes de decidir la prospección o explotación de sus tierras.
• Permitir a los pueblos participar de los beneficios de la explotación de recursos ubicados en sus tierras.
• Indemnizaciones justas por los daños causados por las industrias extractivas.

PLANIFICACIÓN CONCERTADA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

No sólo las comunidades cercanas pueden verse afectadas por la minería. El estudio sobre el caso Majaz realizado por el grupo inglés Peru Support Group muestra como la minería cambiaría toda la vida de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, y traería serios efectos sobre la cantidad del agua y la contaminación del agua en buena parte del departamento de Piura.

La participación ciudadana debe darse además en el marco de un proceso de planificación concertado que se extiende a varias provincias y toda la región. Esta planificación concertada debe finalmente establecer lo que se llama un “ordenamiento territorial”, que defina si la minería puede convivir con la agricultura, el medio ambiente y el turismo, o si hay que priorizar uno de estos bloques productivos para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
 

GLOSARIO

Servidumbre minera. Es una transferencia de propiedad forzosa análoga a la expropiación.La única diferencia es que en aquella, la transferencia se realiza a favor de un particular,mientras que en la última se hace a favor del Estado.

El Ordenamiento Territorial. Se define como un instrumento que forma parte de la política de Estado sobre el Desarrollo Sostenible.Es un proceso político, en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos,políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.

Consentimiento. Manifestación de voluntad,expresa o tácita,por la cual un sujeto se vincula jurídicamente. Es fundamental que haya una oferta y su correspondiente aceptación.
  

Palabra de escritor

“El Cerco –informó Pis-Pis– tiene más de cien kilómetros. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Quién tiene un fosforito? El Personero Rivera se lo alcanzó. Y ahora, ¿Quién tiene un cigarrito para este fosforito? Si no se lo ofrecían, no hablaría. Le alargaron un Inca. Chupó el humo con ansiedad. El Cerco tiene más de cien kilómetros –repitió–; el alambrado empieza en San Mateo. La gente se quedó sin alma. El Cerco comienza en el kilómetro doscientos del camino a Lima. ¿Quién es el dueño? Es la compañía “Cerro de Pasco Corporation”. ¿Cómo lo sabe usted? Yo tengo amigos chóferes –dijo Pis-Pis zampándose un aguardiente. ¿Y dónde termina? –preguntó Rivera, con voz desgarrada. No termina –dijo Pis-Pis, fusilándose el segundo cañazo–; quieren cercar el mundo.”

Manuel Scorza. “Redoble por Rancas”.