Revista Mensual
de Analisis y Propuestas
N° 01
 
¿Quienes ganan y cuánto?
¿Por qué tantos conflictos?
¿Cómo evitar el daño ecológico?
¿Pueden beneficiarse las regiones?
 
 
 
 
Portada

Editorial

SALUD Y AMBIENTE
¿El costo humano no importa?

CONFLICTOS
Minas que siembran minas

ECONOMÍA
¿País minero o empresas mineras?

ECONOMÍA
Tienen corona desde el gobierno de Fujimori

ECONOMÍA
Se sacaron tremenda lotería con el aumento de los precios mineros

LABORAL
Trabajadores mineros en busca de justicia

DESCENTRALIZACIÓN
Regiones: Minería no es desarrollo

POLÍTICA
Arreglos bajo tierra

PROPUESTAS
Otra minería es posible

RIQUEZA MINERA VS.POBREZA

Wikipedia
 
 
MINAS QUE SIEMBRAN MINAS
 

Aumentan los conflictos sociales vinculados a la minería.En el 2006 llegaron a 20, según la Defensoría del Pueblo.Es como si las empresas mineras hubieran estado sembrando aquellos explosivos enterrados que al menor contacto explotan.

Las empresas mineras se acostumbraron a explorar, abrir socavones y extraer minerales pasando por encima de los pueblos y comunidades. La acumulación de casos de minas que contaminan o quitan tierras y aguas a los campesinos ha generado mucha desconfianza. El contraste entre extrema riqueza de unos pocos y empobrecimiento de muchos, han agravado también los problemas. A eso se suma la respuesta de las empresas mineras frente a los reclamos de la población; que más de una vez ha sido con violencia y manipulación. Sobran ejemplos: Tambogrande en Piura, Cerro Quillish en Cajamarca, o Río Blanco (Majaz) en la sierra de Piura.

ContaminaciónEstos conflictos pueden multiplicarse porque la minería se está expandiendo por todo el territorio. Actualmente, hay 33 mil denuncios mineros abarcando 13 millones de hectáreas que las empresas mineras han separado para sus actividades, pero el Ministerio de Energía y Minas considera que existen otros 60 millones de hectáreas, disponible para la minería, sin considerar si son zonas urbanas, involucran ecosistemas frágiles o se usan para la producción agropecuaria. Esta política está afectando los pocos terrenos de cultivos altamente productivos de algunos valles interandinos y de la costa, como los Valles del Ite y Tambo en Moquegua.

Un caso extremo fue el intento de reubicar el pueblo de Tambogrande para un proyecto minero. Eso hubiera significado desplazar a miles de familias de sus hogares. De esta manera, los conflictos entre minería y población se agravan, ante un Ministerio de Energía y Minas incapaz de regular debidamente una minería que deja de lado los derechos de las poblaciones.

LA CONTROVERSIA POR LA LEY DE TIERRAS

En 1995 se modificó la Ley de Tierras, estableciendo que en caso de conflicto entre un propietario de tierras e inversionistas mineros que pretendan explorar en dichas tierras, el propietario de la tierra tiene que subordinarse al interés del minero y permitir su actividad.

Aunque usted no lo crea, una compañía minera puede explorar en el terreno de su casa, y si luego encuentra minerales, puede botar su casa y abrir una mina allí mismo, y usted no puede impedirlo. Le pagarán algo, pero nadie asegura que será un precio justo.

Estos cambios a la Ley de Tierras - que hacen tabla rasa del principio de justicia social- han avivado la disputa por el control de las tierras de comunidades campesinas e indígenas, asentadas allí por cientos de años. Por eso es que numerosas comunidades campesinas han objetado la Ley, han producido litigios legales y enfrentamientos con los inversionistas mineros.

LA REPUESTA DE LAS TRASNACIONALES MINERAS: “LA LICENCIA SOCIAL”

Frente a los conflictos, las empresas mineras desarrollan iniciativas como la llamada “Licencia Social”, entendida como una relación de buena voluntad y apoyo mutuo a favor de las comunidades vecinas. Un ejemplo es la minera Xstrata, con su Proyecto de Las Bambas en Apurímac. Desarrolló consultas con las comunidades locales buscando resolver dudas sobre temas ambientales, reasentamientos, compras y contrataciones locales de la compañía, etc. En el caso de Tintaya, la empresa BHP Billinton desarrolló consultas y firmó dos convenios, uno a nivel de las comunidades cercanas y otro a nivel provincial, para financiar proyectos de desarrollo.

¿ACTUAR SOBRE LA LECHE DERRAMADA O CONSULTAR DESDE ANTES?

Sin embargo, aunque estas iniciativas de responsabilidad social empresarial tienen un efecto positivo, están lejos de ser la solución a las controversias y conflictos. Es que las poblaciones ligadas a la minería son vistas como receptores pasivos de favores, pero no se les reconoce visión propia ni capacidad. Además, la licencia social queda a criterio de cada empresa, sin su norma de cumplimiento obligatorio, por lo que a menudo no se aplica o se hace mal. Iniciativas como “licencia social” son importantes, porque la población de las comunidades vecinas también tienen derechos.

“En Apurímac,la Mesa de Minería y Desarrollo Regional conformada por empresas,gobierno regional, municipios,colegios de ingenieros, ONGs y federaciones campesinas, promueve el diálogo para un desarrollo equilibrado”.

Respetar su derecho a la propiedad de la tierra, al medio ambiente y a la salud, requiere consultarlas antes de permitir la exploración y explotación minera. Quienes viven en la zona deben poder decir si están de acuerdo, con las actividades mineras y bajo que condiciones.

Así, el otorgamiento de concesiones mineras debería suponer un proceso de información y discusión por parte de las comunidades y pueblos afectados. Sin embargo, actualmente las concesiones son impulsadas por el Estado de manera acelerada, basada en una conveniencia económica de corto plazo y sin la opinión de las poblaciones involucradas. Es fundamental, una consulta que se constituya un mecanismo para que las comunidades locales mejoren sus condiciones de negociación y relación con la mina. A nivel internacional, tras amargas experiencias con las empresas mineras, se promueve la Consulta Previa, Libre e Informada.

El Perú incluso firmó el Convenio 169 de la OIT, que obliga a nuestro Estado a someter a consulta y a requerir el consentimiento de los pueblos indígenas, cuando sus decisiones afecten sus territorios. Consecuentemente, el Perú, debería implementar una política de manejo de recursos naturales que aplique lo siguiente:

  • Mecanismos de consulta adecuados con la población, antes de decidir la prospección o explotación de sus tierras.
  • Permitir a los pueblos participar de los beneficios de la explotación de recursos ubicados en sus tierras.
  • Indemnizaciones justas por los daños causados por las industrias extractivas.

PLANIFICACIÓN CONCERTADA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Bajo La LupaNo sólo las comunidades cercanas pueden verse afectadas por la minería. El estudio sobre el caso Majaz realizado por el grupo inglés Peru Support Group muestra como la minería cambiaría toda la vida de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, y traería serios efectos sobre la cantidad del agua y la contaminación del agua en buena parte del departamento de Piura.

La participación ciudadana debe darse además en el marco de un proceso de planificación concertado que se extiende a varias provincias y toda la región. Esta planificación concertada debe finalmente establecer lo que se llama un “ordenamiento territorial”, que defina si la minería puede convivir con la agricultura, el medio ambiente y el turismo, o si hay que priorizar uno de estos bloques productivos para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
 

 
Majaz y Río Blanco: ejemplo de conflicto entre minería y población

16 de setiembre:
Consulta popular frente a Minera Majaz.

Consulta MajasLos pobladores de El Carmen de La Frontera, Pacaipampa y Ayabaca de la región Piura, participarón en una consulta popular, con el objetivo de determinar la viabilidad de la actividad minera en estos distritos.

Más de 22 observadores internacionales de Ecuador, Bolivia, España, Alemania, Inglaterra, Canadá y Suiza participaron en la consulta así como 20 miembros de Transparencia.

Lea infome sobre la Consulta - Presione Aquí

En 1999, Minera Majaz S.A. adquirió los derechos para la realización del Proyecto Río Blanco de explotación de cobre en la sierra de Piura, entre las provincias de Ayabaca y Huancabamba. El problema es que en el área se ubica un páramo y un bosque de neblina, ecosistemas particularmente frágiles, con lagunas y gran variedad de animales en peligro de extinción, así como abundancia de plantas útiles para la medicina científica y tradicional.

Asimismo, en esa zona nacen los ríos que abastecen a la agricultura, la ganadería y a la población de las provincias de Huancabamba, Ayabaca y San Ignacio, como el río Quiroz, que sustenta al valle del Chira en Piura, o el Río Blanco, que da origen a los ríos Canchis y Chinchipe. Considerando el evidente riesgo ambiental, las comunidades de la zona se han opuesto al ingreso de la minería a sus territorios, mediante acuerdos tomados por asamblea general y presentados a las autoridades.Sin embargo, el MINEM autorizó las exploraciones de la empresa, pese a no existir permiso de las comunidades propietarias de los terrenos.

Ante la falta de atención a sus demandas, las comunidades se movilizaron. En agosto del 2005 miles de comuneros marcharon hasta el campamento de la empresa Majaz, produciéndose violentos choques que dejaron un omunero muerto, cuatro heridos y detenidos. Tras ser liberados luego de varios días de detención, los campesinos revelaron haber sido torturados y acusados de invadir terrenos particulares, cuando es la empresa (Majaz) la que invadió su territorio, cercándolo e impidiendo transitar libremente al ganado y a los verdaderos dueños de esas tierras. La Defensoría del Pueblo encontró graves irregularidades en la autorización otorgada a Minera Majaz para operar en la zona, entre ellas el incumplimiento de plazos para la presentación de documentos y de trámites, así como el haber iniciado labores exploratorias sin contar con la aprobación de la Asamblea General de los pobladores afectados.

El estudio –efectuado por Peru Support Group– señala que las oportunidades económicas en la zona no están aseguradas y que la seguridad humana se ha deteriorado desde el 2002 en que la compañía minera empezó a operar dicho proyecto.

 

 
Tambogrande: minería vs. Desarrollo sostenible

Tambogrande, localidad situada en la provincia de Piura, tiene como principal actividad económica la agricultura, especialmente el cultivo de limones y mangos. Precisamente en Tambogrande el Gobierno Peruano concedió a la empresa Manhattan Minerals los derechos a explorar y explotar depósitos de oro. Los planes implicaban desplazar a los casi 20 mil pobladores. Por supuesto que la población se movilizó ante esas pretensiones.

Las pugnas contra la minera y el Gobierno duraron tres años, incluyendo el asesinato del líder del movimiento comunal. El 2002 se realizó un referéndum sobre el futuro de Tambogrande. En dicho referéndum el 94% de los votantes rechazaron la permanencia de la minera. El Gobierno de turno finalmente el 2003 canceló el proyecto, sin embargo, Manhattan Minerals aún mantiene pretensiones de abrir la mina en el futuro.

  
El caso de Yanacocha

Los conflictos contra la Minera Yanacocha empezaron con la compra –a bajo precio– de 4 mil hectáreas de familias campesinas, bajo presiones y acciones de amedrentamiento. El rechazo de la población finalmente forzó a la minera a negociar una indemnización con las familias afectadas. Pero Yanacocha también generó conflictos por el acceso y uso del agua, un tema crítico en Cajamarca.

La minera intentó explotar los yacimientos de oro del Cerro Quilish, centro de un frágil ecosistema que incluye las microcuencas que abastecen a los ríos Grande, Porcón y Quilish, que proporcionan el 70% del abastecimiento de agua de Cajamarca. Como respuesta a las movilizaciones contra los planes de Yanacocha, la Municipalidad Provincial de Cajamarca declaró al cerro como “Zona Reservada Municipal” (octubre de 2000). Pero la minera abrió un proceso legal en contra de la decisión y logró el 2004 que el Ministerio de Energía y Minas autorice reanudar las exploraciones en el Cerro Quilish. Esta medida desató una oleada de protestas y un paro regional.Ante una situación social desbordada con movilizaciones urbanas y rurales, Yanacocha y el Gobierno cedieron con el retiro de la autorización.

Aunque el retroceso de la empresa en sus pretensiones de explorar Quilish aquietó las aguas por el momento,no existe seguridad que resurja el conflicto. Declaraciones hechas por Alberto Benavides -uno de los socios de Yanacocha- indican la probabilidad de que la minera reinicie las exploraciones en el Cerro Quilish.
  


GLOSARIO

Servidumbre minera. Es una transferencia de propiedad forzosa análoga a la expropiación.La única diferencia es que en aquella, la transferencia se realiza a favor de un particular,mientras que en la última se hace a favor del Estado.

El Ordenamiento Territorial. Se define como un instrumento que forma parte de la política de Estado sobre el Desarrollo Sostenible.Es un proceso político, en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos,políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.

Consentimiento. Manifestación de voluntad,expresa o tácita,por la cual un sujeto se vincula jurídicamente. Es fundamental que haya una oferta y su correspondiente aceptación.
  


PARA SABER MÁS…

BID.Consulta comunitaria, desarrollo sostenible y el Banco Interamericano de Desarrollo.
http://www.muqui.org/html2/info/ConsultaComunitariaBID.pdf

ALAYZA,ALEJANDRA. Comunidades y Minería.
http://www.cooperaccion.org.pe/modulo/upload/1184701195.pdf

DE ECHAVE, JOSÉ.¿Agricultura y minería pueden convivir?: El Caso Tambogrande.
http://www.actualidadeconomica-peru.com/anteriores/ae_2000/208/echave.pdf

PIURA RURAL.Tambogrande, Cronología del Conflicto.
http://www.piurarural.org/tambogrande/index.htm

PERU SUPPORT GROUP (PSG). MINERÍA Y DESARROLLO EN ELPERÚ.
http://www.perusupportgroup.org.uk/pdfs/PSG_reporte_mineria.pdf
  


Palabra de escritor

“El Cerco –informó Pis-Pis– tiene más de cien kilómetros. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Quién tiene un fosforito? El Personero Rivera se lo alcanzó. Y ahora, ¿Quién tiene un cigarrito para este fosforito? Si no se lo ofrecían, no hablaría. Le alargaron un Inca. Chupó el humo con ansiedad. El Cerco tiene más de cien kilómetros –repitió–; el alambrado empieza en San Mateo. La gente se quedó sin alma. El Cerco comienza en el kilómetro doscientos del camino a Lima. ¿Quién es el dueño? Es la compañía “Cerro de Pasco Corporation”. ¿Cómo lo sabe usted? Yo tengo amigos chóferes –dijo Pis-Pis zampándose un aguardiente. ¿Y dónde termina? –preguntó Rivera, con voz desgarrada. No termina –dijo Pis-Pis, fusilándose el segundo cañazo–; quieren cercar el mundo.”

Manuel Scorza. “Redoble por Rancas”.
 

 
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Bajo La Lupa N° 16

 

 
 
Última actualización 08-Jul-2010
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