Esta situación se explica no sólo por la reticencia de ciertas empresas a negociar colectivamente las condiciones laborales de sus trabajadores, sino también por la reforma laboral implementada en los años 90 por el gobierno de
Fujimori, a decir de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), una de las más radicales en la región. Esa reforma pretendía “modernizar” el funcionamiento del mercado de trabajo, ampliando las modalidades de contratación, flexibilizando el despido y reduciendo el rol protector y regulador del Estado.
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Casapalca: no uno sino muchos abusos |
Uno de los conflictos laborales más sonados ha sido el de Minera Casapalca, ubicada en la sierra de Lima, donde más de 300 trabajadores –entre 34 dirigentes sindicales– fueron despedidos por intentar formar un sindicato y negociar mejoras laborales.
Quizás lo más chocante de este caso, ha sido el despotismo de la familia Gubbins, propietaria de la empresa, que en más de ocho oportunidades “choteó” al Ministerio de Trabajo al no acudir a ninguna de las citaciones para mediar y solucionar el conflicto. Como resultado, el conflicto se agravó y durante la huelga realizada en junio del 2007 los enfrentamientos con la policía provocaron la muerte de 4 personas.
La principal demanda de los trabajadores era su contratación directa (90% laboraba a través de “ services”), además del pago de remuneraciones pendientes, pues Casapalca alegaba que el pago de remuneraciones le competía a las empresas “contratistas”.
Finalmente, tras semanas de bloqueos de carretera y enfrentamientos con la policía, la empresa acudió a las reuniones convocadas por el MTPE y atendió el reclamo de los trabajadores. |
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Topy Top: empresa líder...contra la sindicalización |
En junio de este año, 70 trabajadores de Topy Top, el segundo exportador de productos textiles del país, decidieron conformar un sindicato. En represalia, la empresa despidió a 45 de estos trabajadores “invitándolos” a “renunciar voluntariamente”. El objetivo era la anulación del registro sindical. Sin embargo, no contaba con que el sindicato había incorporado a 80 nuevos afiliados, obligando a la Autoridad de Trabajo a reconocer la constitución y registro del sindicato.
Ante la rebeldía de la empresa de confecciones –incluso frente a la propia Autoridad de Trabajo–, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP ) se comunicó con la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Calzado y Cuero (FITT CC). Ésta tomó contacto con las empresas Gap (México) e Inditex (España), compradoras de los productos de Topy Top, las que exigieron la reincorporación de los trabajadores despedidos e instaron a la empresa peruana a respetar los principios y derechos contenidos en los códigos de conducta que guían el comportamiento de ambas transnacionales. Este hecho sienta un importante precedente en las relaciones laborales en el Perú y revela la importancia de pensar “globalmente” los problemas laborales, especialmente en sectores exportadores. |
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Los efectos sociales de esas medidas han sido claramente negativos para los trabajadores, pues no se ha fomentado la creación de empleo adecuado sino más bien de empleo precario; la rotación laboral aumentó exponencialmente; y la mayoría de los trabajadores sólo acceden a la contratación temporal o incluso carecen de contrato de trabajo. Esta situación ha impactado en la calidad del empleo, dejando a millones de trabajadores al margen
Aunque durante el gobierno de Alejandro Toledo se adoptaron algunas medidas para revertir el carácter autoritario y antiobrero de la s reformas laborales de Fujimori, este esfuerzo fue claramente insuficiente. Así, no se han podido alcanzar los nivel es de sindicalización y negociación col ectiva de décadas pasadas: mientras que en 1982 los trabajadores afiliados a un sindicato representaban el 37% de la
Población Económicamente Activa (PEA)
, en 2005 sólo constituían el 8,6% de la misma.
Esto ha impactado profundamente en la distribución nacional del ingreso, pues mientras en los años 70 la participación de la s remuneraciones dentro del
Producto Bruto Interno (PBI)
representaba el 60% (el resto correspondía a las ganancias de capital); tres décadas después esta proporción se invierte, concentrándose los ingresos en manos de las empresas, principales favorecidas con las reformas laborales.
La razón principal para esta insuficiente recuperación de la sindicalización recae en el Decreto Legislativo Nº 728, dictado por
Fujimori, que posibilita el despido libre, arbitrario o injustificado. Esto se complementa con el uso intensivo de formas de contratación temporal. Ambos mecanismos constituyen eficaces disuasivos de la sindicalización.
La amplitud de modalidades de contratación laboral el DL Nº 728 estableció nada menos que 12 modalidades distintas y su uso indiscriminado por parte de las empresas, ahonda la inseguridad jurídica de los trabajadores, que por temor a perder el empleo reprimen sus reclamos frente a los abusos de sus empleadores. A esto se suman las muchasrestricciones impuestas para la sindicalización, com o el artículo 14 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que establece que para formar un sindicato se requieren 20 o más trabajadores, increm entándose a 50 cuando se trata de federaciones sectoriales.
Bajo este esquema , no más de 20 mil empresas –de un total de 75,150– estarían en condiciones de albergar un sindicato. Esto representa sól o el 19.8% de la PEA. En un país en el que apenas el 8.5% de la
PEA cuenta con contratos de trabajo a tiempo indefinido, las posibilidades de ejercer el derecho a la sindicalización y a negociar colectivamente son ínfimas o prácticamente nulas. ¿Por qué importa la Negociación colectiva? La situación del derecho a la negociación colectiva tiene relación directa con la situación actual del derecho a la libertad sindical, en el Perú y en el mundo. La libre sindicación, la negociación colectiva y la huelga están muy relacionadas. No es posible el ejercicio de uno de esos derechos sin el ejercicio del otro.
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8,6% de la Población
Económicamente Activa
asalariada, están afiliados a
un sindicato.
(Fuente: Ministerio de
Trabajo 2005) |
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A partir de la reforma laboral ocurrida con Fujimori, cuando se introdujeron leyes y reglamentos que perm itieron los ceses col ectivos, el despido arbitrario, flexibilización en la contratación, la desaparición de garantías para ejercer la libertad sindical , etc., se precipitó la caída de la tasa de afiliación sindical . Lo que significó también la reducción de la tasa de negociación colectiva. Asimismo, la cantidad de sindicatos nuevos decreció y aumentó la cantidad de registros sindicales cancelados. Para dar una idea de lo retrogrado de la reforma laboral de Fujimori, basta saber que en 1993 la
Organización Internaional del Trabajo (OIT) formuló al
menos
16 observaciones
a la Ley de
Relaciones
Colectivas
por incompatibilidades
con los Convenios
OIT de libertad
sindical. Desde
entonces,
la situación
ha mejorado
marginalmente:
así,
en el año 2003 se levantaron
algunas
de dichas
observaciones.
Asimismo,
el año 2002, el Tribunal
Constitucional, al sentenciar
sobre
una denuncia
contra
Telefónica
por despidos
arbitrarios,
señaló
que el despido
sin causa
es inconstitucional
. Sin embargo,
aún
falta mucho
por recuperar
los plenos
derechos
laborales
en el Perú.
Por otra parte,
según
el
Ministerio
de Trabajo, la cantidad
de trabajadores
sindicalizados
habría aumentado
a partir
del 2002. Esto
revelaría que
los trabajadores
estarían
intentando
organizarse
con el fin de mejorar
sus
condiciones
laborales.
Sin embargo,
las organizaciones
sindicales
enfrentan
aún serias
dificultades
para operar:
la
negativa
del empleador en aceptar
al
sindicato
como legítima
contraparte;
la
falta de facilidades
para las actividades
sindicales;
los incentivos
económicos
a los no sindicalizados;
y los actos
de
represalia
antisindical
(hostilidad,
despidos,
etc.).
Desde el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, hay también diversas trabas que impiden el ejercicio efectivo de la negociación colectiva y de la propia libertad sindical: la discrecionalidad e incluso arbitrariedad, tanto para acceder al registro de un sindicato nuevo, com o para considerar el ejercicio de la huelga com o procedente.
Esta situación adversa podría mejorar sustancialmente con la aprobación de la
Ley General del Trabajo, que establece mejores y mayores garantías para el ejercicio sindical y la negociación colectiva. Por otro lado, la temporalidad en la contratación intermediación de los “services” y otros, dificulta seriamente la organización de los trabajadores y el acceso a la negociación colectiva. La alternativa para estos trabajadores sería un modelo de negociación colectiva a nivel de rama de actividad sector. Pero para esto hay que cambiar la legislación laboral impuesta en los 90, que privil egió la negociación a nivel de empresa y buscó desaparecer la negociación de rama . Recién en el 2004, con la celebración del Convenio de Rama del Sector entre la
Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) y la
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), reapareció la negociación a este nivel en el Perú.
El Estado es el principal responsable
del debilitamiento de los sindicatos
y que no se respeten los derechos
de los trabajadores, sin embargo, no
hay voluntad política para revertir
esta situación. |
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¿QUIÉN TEME LA SINDICALIZACIÓN?
Las restricciones y deficiencias en sindicalización y negociación colectiva tienen como principal responsable al propio Estado, carente de voluntad política para hacer respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. La posición “neutra” o abiertamente parcializada de los últimos gobiernos en favor de las empresas se complementa con el desinterés de la clase política, y la oposición de la clase empresarial, a que los trabajadores cuenten con un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos sindicales. Así, aún estamos lejos del día en que pueda decirse que el trabajador peruano disfruta de plena libertad para asociarse y negociar colectivamente mejores salarios y condiciones de trabajo. |
