Bajo La Lupa
Revista Mensual
de Analisis y Propuestas
N° 03
 
¿Tiene voluntad el gobierno?
¿Cómo mejorar las economías regionales?
¿Van bien los gobiernos regionales y municipios?
¿Se puede resolver los conflictos?
 
 
 
 
Portada

Editorial
Descentralización. Reto por entender

¿HACIA DONDE?
Descentralización:
hacia dónde?

ENTREVISTA
"La desactivación del CND no fue lo más acertado"

DESCENTRALIZACIÓN
El reparto del billete

CANON
El Canon: Realidad y Fantasía

CONFLICTOS SOCIALES
Conflicto en las regiones

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Gobernar es escuchar y compartir

ENTREVISTA
"Siempre hemos sabido juntar esfuerzos y recursos"

ECONOMÍA
Crecimiento en pocas regiones, para poca gente

ZONIFICACIÓN
Poniendo orden en la casa

INTEGRACIÓN REGIONAL
Como integrar regiones

PROPUESTAS
Once propuestas para la descentralización

Infografia central.
PERÚ: País de profundos contrastes

Wikipedia
 
 
CONFLICTOS EN
LAS REGIONES
Los conflictos sociales durante la primera etapa del gobierno aprista, han
tenido como uno de sus protagonistas principales a movimientos regionales.

Los ejes de las demandas han girado alrededor de:

—Reclamos por la subida de precios de combustibles y fertilizantes.

—Reivindicaciones laborales, como las planteadas por los sindicatos mineros.

Alan Garcia
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—Reivindicaciones de carreteras, como son las relacionadas con la Interoceánica y la carretera Huamanga

—Andahuaylas - Abancay.

—Restitución de exoneraciones tributarias en las regiones amazónicas.

—Exigencias de construcción de un gasoducto en el sur andino del país.

—Movilizaciones por el derecho a un ambiente limpio y no contaminado como en el caso del Río Ramis en Puno.

—Defensa por la estabilidad laboral y lucha contra la supuesta “privatización de la educación” levantada por el SUTEP.

—Marcha cívica y pacífica de Ayacucho conducida por sus autoridades regionales y municipales, para sensibilizar al Gobierno Nacional sobre los graves problemas que enfrenta esa región.

  Conflictos activos y latentes

Los conflictos que predominan son más de carácter local. Por ejemplo, en el mes de setiembre 2007 según el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, se presentaron 76 conflictos sociales de distinta intensidad. Algunos datos relevantes de este reporte son los siguientes:

  • 29 de los conflictos (38%) se encuentran activos y 47 (62%) están en estado latente.
  • 47% de los conflictos se relacionan con asuntos socioambientales.
  • 25% cuestionan el desempeño de alcaldes provinciales y distritales y 7% tienen que ver con disputan en comunidades.
  • 7 % se relacionan con demandas gremiales.
  • 27 han sido las movilizaciones de protesta y 6 las acciones de violencia política.
  • 76 casos dan cuenta del cuestionamiento a 84 autoridades y funcionarios. El 20% de autoridades cuestionadas son alcaldes provinciales y distritales. Entre otras entidades cuestionadas hay 35 empresas extractivas, 6 comunidades, 4 gobiernos regionales y en 2 casos el Poder Judicial.
  • 46 casos (61%) han incluido enfrentamientos, agresiones e inclusive, la retención de personas.
  • 26 conflictos (34%) registraron toma del local de la institución cuestionada ( en la mayoría de casos municipalidades).
  • 46 casos (61%) han comprendido paros y movilizaciones.
  • 26 conflictos (34%) han llevado a un bloqueo de las vías de comunicación.
 

En estos movimientos están presentes también temas más complejos de negociar y concertar, como son las demandas de las cuencas cocaleras. También están los conflictos socioambientales entre las comunidades campesinas y la minería, difíciles de resolver puesto que las comunidades perciben que el Estado se viene parcializando abiertamente con las empresas mineras y desconfía de sus verdaderas intenciones.

Debe señalarse, sin embargo, que estos conflictos no han obedecido a decisiones de una coordinadora nacional, como lo insinuaron el Presidente de la República y el Primer Ministro. Tampoco se ha pretendido generar una crisis de gobernabilidad democrática. Las denuncias de que estos movimientos regionales y sectoriales eran parte de un complot político no han pasado de ser un verdadero “cuento chino”.

El Gobierno Nacional parece no estar aprendiendo las lecciones que aportan los conflictos ocurridos en junio y julio, y más recientemente con motivo de las consultas comunales convocadas por tres alcaldes distritales en torno al proyecto minero Majaz en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, Piura. En este conflicto los principales voceros del Poder Ejecutivo hicieron de todo para desconocer el derecho de las comunidades a pronunciarse y utilizaron todo tipo de argumentos para distorsionar la verdad, acusando “a los comunistas disfrazados de ecologistas, a los curas rojos, a las ONGs vendidas a Chile, a los antipatriotas y enemigos del desarrollo, etc.” de estar saboteando el crecimiento económico del Perú.

En vez de cumplir sus promesas de diálogo con las comunidades y autoridades municipales, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley Nº 1640/2007, declarando a Majaz entre los veinte proyectos de inversión minera de “interés nacional y ejecución preferente” en 11 regiones del país. El objetivo era acortar plazos para el otorgamiento de permisos y flexibilizar estándares ambientales y sociales. Dicho proyecto se presentó sin ninguna consulta a los gobiernos regionales y municipales en cuyas zonas se ubicarían esas minas. Felizmente, este proyecto ha sido rechazado por 2 comisiones distintas del Congreso, quedando archivado.

NUEVO INTENTO CENTRALISTA PRO-MINERO

Pero ahora el gobierno ha presentado otro proyecto (1770/2007 PE) entregando a COFOPRI poderes para resolver los problema de títulos de propiedad en los predios rústicos y tierras eriazas, sean públicos o privados, o en comunidades campesinas y nativas. Ello incluirá las tierras de selva y ceja de selva, así como los procesos de denuncios y adjudicación de tierras eriazas. COFOPRI contará con amplios poderes para realizar su trabajo, pues las acciones de formalización las podrá iniciar de oficio sobre las áreas que determine.

De esta manera el gobierno central podrá otorgar títulos, quitar tierras a comunidades y facilitar
concesiones mineras, de manera expeditiva y sin ninguna consulta con gobiernos regionales y municipalidades.

No se requiere hacer mucho esfuerzo para concluir que si se aprueba esta Ley, una nueva oleada
de conflictos tendrá lugar y no por que existan posiciones contrarias a las inversiones petroleras o mineras, sino por el desprecio que el Gobierno Nacional tiene de las legítimas preocupaciones
de las comunidades campesinas y muchos otros actores.

Otra actitud provocadora de parte del Gobierno es la intención de amputar el Parque Nacional de Bahuaja–Sonene en más de 200,000 Has, a fin de destinarlas a la explotación de gas y de petróleo; con lo que pone en evidencia una vez más que su principal compromiso es con los inversionistas
y no con las comunidades, menos con la necesidad de conservar nuestra biodiversidad. Nuevamente, ninguna consulta con las autoridades regionales o municipales se ha realizado en este caso.

 
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Sobre este Artículo


 

Bajo La Lupa N° 16

 

 
 
Última actualización 15-Jul-2010
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