Bajo La Lupa
Revista Mensual
de Analisis y Propuestas
N° 04
 
¿Era necesario el autogolpe de 1992?
¿Robo pero hizo obras?
¿Desconocia los crimenes del Grupo Colina?
 
 
 
 
Portada

Editorial

MEGAJUICIO
Justicia: tarde pero llega.

BALANCE
Lo bueno, lo malo y lo feo.

CORRUPCIÓN
Con las manos en la masa.

DERECHOS HUMANOS
¿El fin justifica los medios?.

DERECHOS SOCIALES
Pobres sin derecho a tener hijos.

ECONOMÍA
Una década que cambió la economía peruana.

ECONOMÍA
Privatizaciones: La economía se volvio grande y ajena.

DEMOCRACIA
Golpe a la democracia.

LA RED DEL PODER

Wikipedia
 
 
 
 
¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS?
La violación a derechos humanos es la principal acusación contra Fujimori. Durante su mandato se cometieron torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, mediante procedimientos formales-legales se aseguró impunidad a los actos violatorios a los derechos humanos.

Desde el 05 de abril de 1992, sin Congreso, se abrió una etapa -de por los menos nueve mesesen la que Fijimori llevó a cabo profundas transformaciones en la estructura del Estado por medio de decretos ley elaborados desde el SIN (léase Montesinos), en coordinación con las FF.AA. La promulgación de estos decretos modificaba sustancialmente la legislación antiterrorista facilitando los actos violatorio s a los derechos humanos. “La Cantuta” y “Barrios Altos” son los casos más significativos que han permitido la extradición de Fujimori, sin embargo, existen muchos otros casos de ejecuciones y desaparicio nes que siguen impunes.

  Otros casos por los que Fujimori debe responder a la justicia

CASO CARAQUEÑO. Madrugada del 29 de enero de 1992. Un grupo de individuos ingresa a los domicilios de Jhon Calderón, Toribio Ortiz, Felando Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Áreas y César Rodríguez, a quienes detienen y asesinan, abandonando sus cuerpos.

CASO SANTA. Madrugada del 02 de mayo de 1992. Miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, incursionan en tres asentamientos humanos de la provincia de Santa (Ancash), llevándose a nueve pobladores. Desde entonces no se supo de ellos.

CASO PEDRO YAURI. Tras ser detenido por un grupo de uniformados, Yauri desaparece el 24 de junio de 1992. Semanas antes, desde su espacio radial, había abogado por la libertad de la familia Ventocilla.

CASO VENTOCILLA. Rafael Ventocilla y dos de sus hijos (reconocidos por su experiencia política) fueron detenidos en 25 de abril de 1992. Por la intervención del periodista de Pedro Yauri fueron liberados. Dos meses después (el 24 de junio), una patrulla militar secuestra a Rafael y a cinco de sus familiares. Sus cadáveres aparecen al día siguiente en la morgue de Huacho.

CASO GÓMEZ PALOMINO. 09 de julio de 1992. Un grupo de efectivos irrumpe una vivienda en Chorrillos en donde se encontraba Gómez Palomino. Lo golpean, interrogan y detienen. Nunca más se volvió a saber de él.

CASO JUSTINIANO NAJARRO. 06 de julio de 1993. El ex docente ayacuchano Justiniano Najarro es interceptado junto a su sobrino Melitón Ochoa, mientras estaba a bordo de un ómnibus. El joven fue liberado poco después pero del profesor no se volvió a saber.
CASO ROCA-ANZUALDO.Tras recibir amenazas y solicitar garantías, el estudiante Martín Roca desaparece el 05 de octubre de 1993. Su compañero, Kenneth Anzualdo desaparecería el 16 de diciembre de ese mismo año, días antes de declarar por el caso de su amigo.

Estas operaciones de aniquilamiento fueron una constante del grupo “Colina”, en el marco de aplicación de la estrategia antisubversiva dirigida por el ex Presidente. El accionar criminal de este grupo fue dirigido desde el SIN, órgano que se encontraba bajo la conducción, dependencia y control de Fujimori, quien según la Ley era el único competente para supervisar al SIN.

LA SANGRE DE BARRIOS ALTOS

Tras recibir amenazas y solicitar garantías, el estudiante Martín Roca desaparece el 05 de octubre de 1993. Su compañero, Kenneth Anzualdo desaparecería el 16 de diciembre de ese mismo año, días antes de declarar por el caso de su amigo.

Fujimori es acusado de ser el autor mediato del asesinato de quince personas, entre ellas un niño de ocho años, y por el delito de lesiones graves en agravio de otras cuatro que sobrevivieron al cruel asalto armado de la noche del 3 de noviembre de 1991 en un solar ubicado en la zona de Barrios Altos.

Autoría “mediata” quiere decir que se acusa a Fujimori de haber planificado, organizado y dirigido las acciones.

Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Teobaldo Ríos Lira, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo fueron ejecutadas extrajudicialmente. A su vez, Tomás Livias Ortega, Natividad Conderhuanca Chicaña, Felipe León León y Alfonso Rodas Alvítez sobrevivieron con lesiones graves.

Este cobarde ataque ya suena en la memoria de los peruanos, como la sirena de la camioneta que llevó a casi una decena de encapuchados, liderados por Santiago Martin Rivas, y que resonó en medio de la agonía de sangre de quienes nada pudieron hacer para evitar las balas, los golpes y la muerte.

Gisela Ortiz, hermana del estudiante Luis Enrique Ortiz, uno de los nueve universitarios de La Cantuta que fue secuestrado, torturado y asesinado. Abajo: traslado de cadáveres de la matanza del jirón Huanta, Barrios Altos

Las investigaciones judiciales y periodísticas revelarían que los integrantes del destacamento Colina eran miembros del Ejército Peruano, pertenecientes a un escuadrón de la muerte creado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), destinado a la eliminación física de personas sindicadas como subversivas.

HORROR EN LA CANTUTA

La madrugada del 18 de julio de 1992, un grupo de encapuchados armados patearon las puertas de las viviendas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta" y se llevaron a la fuerza a nueve alumnos: Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Mariños Flores; y al profesor Hugo Muñoz Sánchez.

El tiempo revelaría que los autores también fueron los integrantes del grupo Colina y que los cadáveres de las víctimas habían sido enterrados clandestinamente, luego desenterrados, incinerados y trasladados a nuevas fosas ubicadas en la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. Ahí se hallaron las evidencias del crimen: restos óseos, llaves y proyectiles de bala.

En diciembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo que condena internacionalmente al Estado peruano por el caso La Cantuta, y exhorta a Chile –país donde Fujimori se refugió desde Diciembre de 2005 hasta setiembre de 2007– a extraditarlo al Perú. La Corte Suprema de Chile POR UNANIMIDAD acoge la recomendación de la CIDH, en donde enfatiza “la obligación internacional de Chile de cooperar para que Fujimori sea juzgado y castigado por los graves crímenes revelados en este caso evitando de esa manera que los hechos queden en la impunidad”.

“La impunidad no cura, hace daño.
Yo sólo me apaciguaré cuando
haya justicia” Gisela Ortiz

Fujimori está acusado de coautoría en el asesinato y desaparición forzada de las diez víctimas de este caso.

LOS SECUESTROS EN EL SIE

Los casos del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, secuestrados ambos en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (sie ), se han convertido en parte de los cargos que afronta Fujimori.

 

Gorriti fue intervenido en su casa, el 6 de abril de 1992, por personal del SIE, quienes lo trasladaron a dichas instalaciones. Una vez detenido, fue recluido en un sótano hasta la madrugada del día siguiente para luego ser conducido a la Prefectura.

Dyer fue interceptado el 27 de julio de 1992 por el General Carlos Domínguez Solís, en ese entonces Jefe de la Dirección de Contra Inteligencia del SIN, en el Aeropuerto “Jorge Chávez”. Luego fue conducido a las instalaciones del SIE, en cuyos sótanos permaneció recluido por varios días.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el SIN empleaba las instalaciones del Cuartel General del Ejército, conocido como "Pentagonito", como un centro de detención clandestino para los castigos, torturas y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial, tales como en este caso eran Gorriti y Dyer.

¿POR QUÉ ES RESPONSABLE FUJIMORI?

  ¡Yo encontré al país colapsado! ¡Yo lo salvé! ¡Yo lo dirigí personalmente! ¡Yo, yo y yo!   Entonces ¿usted autorizó al Grupo Colina?  
     
     
         
         
          Desconocía totalmente no sabía nada, no recuerdo, no tenía la menor idea.  
           
             
             
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Para enfrentar la subversión, Fujimori aplicó la llamada "guerra de baja intensidad" que consistió en la ejecución o desaparición de personas sin que se conociera públicamente la autoría de los hechos. La estrategia antisubversiva se aplicó poniendo en marcha planes operativos como el plan "Cipango", que incluyó una serie de operaciones a cargo del grupo Colina, dirigido por Vladimiro Montesinos.

¿Cómo nace el grupo Colina? En 1991, siendo presidente, Fujimori convoca a una reunión del Consejo de Defensa Nacional para evaluar los resultados de la lucha antisubversiva en el país. Allí se decide crear un destacamento especial de inteligencia al interior de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), como parte de una estrategia para combatir la subversión.

Para cumplir esta disposición, se ordena el destaque de personal del SIE a disposición del Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, y que la administración dotara al "destacamento Colina" de armas de guerra, vehículos y dinero, asignándole un local –dentro del SIN– para su funcionamiento. Se ordenó además el cierre de la Playa "La Tiza", donde los integrantes de este grupo se entrenarían en diversas técnicas (tiro, irrupción en inmuebles, etc). Los presupuestos "secretos" del Ejército financiaban los operativos del grupo Colina. Cada uno de los integrantes debía firmar su baja ficticia. Así, ellos seguían perteneciendo a la estructura del SIE, pero si eran descubiertos en sus acciones, debían negar su pertenencia al Ejército y así desligar tanto a dicha institución como al Ejecutivo de la responsabilidad en las acciones.

CITAS

“La desaparición de los estudiantes de La Cantuta fue un autosecuestro”. “Se trataría de una autoflagelación que la misma agente La Rosa se habría hecho”. Martha Chávez (13/04/1997)

El plan "Cipango" consistió en una serie de intervenciones en el norte de Lima (Huacho, Huaura y Barranca). Para asegurar la impunidad se organizó el aparato estatal, de manera tal que se pudiera realizar dichos delitos y dejar impunes a quienes los cometieron. Las ejecuciones de Barrios Altos y la desaparición forzada de los estudiantes de La Cantuta formaron parte de este plan siniestro, así como otros casos antes mencionados.

Estos hechos no habrían tenido la magnitud que hoy conocemos si no hubieran sido parte de una política de Estado, tal como lo reconoce el propio Santiago Martin Rivas en la entrevista concedida al periodista Umberto Jara. Sin embargo, los defensores de Fujimori cierran los ojos antes las pruebas de la responsabilidad de su líder, como los documentos que certifican la asignación de recursos económicos, armas y enseres al Grupo Colina; la existencia de una empresa de fachada denominada COPRANSA; los planes operativos, las planillas de pago, la evaluación de las acciones; la felicitación presidencial, la protección brindada, el falso juicio en el fuero militar, entre otras evidencias.

Votos a favor de la impunidad
Algunos de los congresistas que votaron a favor de la Ley de Amnistía permitiendo la impunidad de los asesinos de Barrios Altos y La Cantuta: Francisco Tudela, Martha Chávez, Gilberto Siura y Rafael Rey Rey, actual ministro de la Defensa. (2009)

De otro lado, Fujimori conocía de estas acciones, así como el uso del Sótano del “Pentagonito” como centro de detención clandestino para torturas y ejecutar a opositores del régimen dictatorial. La versión de los ex agentes del grupo Colina (Jesús Sosa, Santiago Martin Rivas, entre otros), los cuadernos del SIE y las investigaciones del caso demuestran que durante su gobierno existió un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que obedecía a una estrategia de lucha contra la subversión diseñada y aprobada por el mismo ex presidente.

En los delitos de violaciones a los derechos humanos por los que se le juzga actualmente a Fujimori, se le atribuye el cargo de "autoría mediata por dominio de la organización", en otras palabras, la acusación fiscal lo presenta como el líder del grupo criminal que cometió los crímenes. El comando de aniquilamiento, denominado también grupo Colina, compuesto por agentes de Inteligencia, obedecía las jerarquías militares y seguían las órdenes del ex asesor Vladimiro Montesinos, quien a su vez acataba las disposiciones del hoy extraditado y acusado Fujimori.

PARA SABER MÁS...
Informe Final de la Comisión de la Verdad

Casos de violaciones a los derechos humanos

Juicio y Sanción a Fujimori

Juicio a Fujimori

La investigación fiscal afirma que Fujimori "tuvo el dominio de la organización, ya que en esta estructura de poder, su orden a través de terceros, iba irremediablemente a ser cumplida, sin que sea necesario que se reúna con los ejecutantes o que desarrolle un acuerdo común".

TODA UNA VIDA BUSCANDO JUSTICIA

"Cuando encuentre justicia me sentiré más tranquila y podré morir en paz para ir a encontrarme con mi hijo", afirma Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, estudiante de La Cantuta.

Los lamentables sucesos ocurridos durante el gobierno de Fujimori movilizaron la acción y demanda de numerosos peruanos y peruanas que buscaban a sus seres queridos desaparecidos, secuestrados, ejecutados o detenidos injustamente. Los crímenes de este periodo, sumados a los de la década previa, forjaron un movimiento amplio ; familiares y víctimas de la violencia política, unidos en torno a un grito común: justicia.

Uno de los grupos de personas que ha perseverado tercamente en esta demanda han sido los familiares de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta. El día en que el grupo Colina torturó y asesinó a Enrique Ortiz Perea, el 18 de julio de 1992, junto a un profesor y otros ocho estudiantes de dicha universidad, su hermana Gisela, no imaginó que tanta tragedia y horror juntos podrían darle a su vida un giro inesperado. Quince años pasaron desde aquella madrugada de sangre y muerte. A partir de entonces, Gisela, no ha descansado en su clamor de justicia, junto a la labor de los organismos de derechos humanos y la sociedad civil, que nunca bajaron los brazos ni callaron su voz para denunciar a los culpables y defender a los inocentes.

Gisela hoy señala lo siguiente: "Pese a haber perdido a mi hermano, he podido encontrar a otros hermanos en muchas gentes que sienten lo que yo siento, la misma rabia y el mismo dolor. Me alegra saber que Quique se ha multiplicado en muchas partes".

Hoy, ver a Fujimori enfrentando el juicio por las barbaridades ocurridas durante su gobierno, calma un poco su ímpetu, pero no le quita la fuerza para el camino que queda por recorrer: “Esto termina cuando se sancione a todos los que tuvieron responsabilidad y a los que fueron encubridores del crimen. No solo espero que haya sanción a los autores materiales e intelectuales, sino también que se señale a sus cómplices, por ejemplo a quienes desde el Congreso los defendieron y dieron leyes para ampararlos. La impunidad no cura, hace daño. Yo solo me apaciguaré cuando haya justicia”, finalizó.

DE PALACIO AL BANQUILLO

Quizá Fujimori nunca pensó que algún día caería preso del exceso de confianza con la que viven los dictadores convencidos de su eterno poder. Hoy enfrenta el mayor juicio de la historia peruana. Un juicio que podría devolver al país la garantía de gozar de una auténtica justicia, donde la verdad prevalece y no se oculta en las fúnebres cortinas de la impunidad.

La justicia peruana tiene, en esta ocasión, la oportunidad de trasmitir como mensaje a nuestro país y al mundo que todo aquel que delinque y viola los derechos de los peruanos y peruanas, aún cuando se trate de un ex jefe de Estado, debe ser juzgado y sancionado. Es esta la hora de actuar como ciudadanos vigilantes y exigentes de justicia y de demostrar, con firmeza y consecuencia, que no somos cómplices ni silentes, y que apostamos por nuestra democracia con instituciones sólidas y confiables.

 
       

AÑO 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de febrero
Fujimori declara a un medio extranjero que la Constitución le prohíbe postular en el 2000.

4 de abril
Se instala el gabinete Pandolfi.

10 de abril
El Congreso nombra al primer Defensor del Pueblo.

21 de junio
Luego de ser elegidos por el Congreso, los miembros del Tribunal Constitucional toman posesión del cargo

15 de agosto
El Congreso aprueba una ley que instala una Comisión de Indultos para los que se
encuentren detenidos injustamente por sospecha de terrorismo.

16 de agosto
Demetrio Chávez Peñaherrera, “Vaticano”, declara en un juicio, que entregaba sobornos a Montesinos. (Artículos de CRONICA VIVA sobre el tema)

20 de agosto
El oficialismo fuerza la aprobación en el Congreso de la Ley de Interpretación
Auténtica sobre la reelección presidencial.

6 de septiembre
El Congreso aprueba una ley que instala una Comisión de Indultos para los que se
encuentren detenidos injustamente por sospecha de terrorismo.

 

AÑO 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de noviembre
Un comando del MRTA toma la residencia del embajador japonés en el Perú.

13 de abril
Una investigación periodística da a conocer la millonaria declaración jurada de Montesino a la SUNAT

16 de abril
Se hace pública la denuncia de torturas de la ex agente del Servicio de Inteligencia,
Leonor La Rosa (Puede consultar también la entrevista a la Ex Agente Luisa Zanatta Muedas)

22 de abril
Se pone fin a la crisis de los rehenes de la Embajada de Japón..

3 de junio
Manifestación estudiantil contra la destitución de los tres miembros del Tribunal Constitucional (TC ). Expandiéndose a diversas partes del país por los descontentos con los problemas socioeconómicos

17 de julio
Altos oficiales de las FF.AA y la policía acuden a Palacio de Gobierno para
manifestar su lealtad al Presidente.

 
   

 

 

Entrevista a Gisela Ortiz - Prensa Libre

 
   
 
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Bajo La Lupa N° 16

 

 
 
Última actualización 07-Sep-2010
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