El gobierno de Alan García ya cumplió la primera mitad de su periodo. Pasado el tiempo de su gobierno en el que se podían esperar reformas sociales y cambios necesarios, ¿ha avanzado el Perú en la construcción de una sociedad con mayor equidad de género y con mayor participación política de las mujeres?

Participación política

Puntos de vista “Falta presupuesto que se agudiza con el incremento en el precio de los insumos que componen la ración del vaso de leche. Por ello hay muchas familias que no están siendo atendidas de primera prioridad, es decir gestantes, lactantes y niños”. Ivone Tapia, Presidenta de la Coordinadora del Vaso de Leche de Lima Metropolitana. “Demandamos respeto al derecho conquistado de participación de nuestras organizaciones sociales en el diseño y gestión de los programas sociales y en particular en el de complementación alimentaria”. Relinda Sosa, Presidenta de la CONAMOVIDE – Confederación de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral. (*) Tomado de la revista Mujer.

La oferta de García hacia las mujeres fue de mayor equidad y participación. Empezando por un gabinete que sería paritario: mitad mujeres y mitad varones. Nunca hubo tal cosa, pero hubo una aproximación interesante: seis de quince ministerios se encargaron a mujeres (40%). Este número ha ido cayendo y ya estamos en cuatro de quince (27%), y nadie sabe lo que pasará más adelante.

El período empezó con un mayor número de congresistas mujeres, elegidas en 2006, pero al mismo tiempo se redujo el número de alcaldesas y no se eligió una sola presidenta en las regiones. El avance en la representación femenina en el Congreso se debe, en parte, a la ley de cuotas, pero ésta  tiene deficiencias que permiten “sacarle la vuelta” poniendo a las mujeres al final de la lista.

Nada se ha hecho para su perfeccionamiento y, por el contrario, al restablecerse el sistema del voto en lista cerrada (no preferencial) las mujeres podrían quedar relegadas a posiciones inelegibles.

Más allá de lo electoral, queda pendiente una política consistente de generar espacios de diálogo y participación para las mujeres organizadas, tanto en lo referente a los programas sociales como  a la agenda general de la equidad de género.

Igualdad social

Es en la agenda de la igualdad social entre hombres y mujeres que la inacción del gobierno ha sido más saltante. En el terreno de la salud, ha habido problemas de desabastecimiento de anticonceptivos en los centros y puestos de salud y no se han llevado a cabo  campañas de información. El mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de reglamentar el aborto terapéutico no se ha cumplido, más bien, se han frenado las iniciativas de gobiernos regionales al respecto.

Queda pendiente también que el Estado otorgue una atención de salud realmente accesible y sin costo, lo que permitiría reducir los costos  económicos  y también sociales y de tiempo que supone el cuidado de los familiares enfermos, que recae usualmente sobre las mujeres.

Los Centros de Emergencia Mujer, que atienden a las mujeres afectadas por la violencia doméstica, mantienen un déficit presupuestal agudo, por lo que la atención que pueden brindar es limitada.  El problema de la violencia familiar y sexual no debe, por lo demás, limitarse a la emergencia sino que debe ser integral e incluir la prevención: en ello  prácticamente no se ha avanzado.

Nada consistente se ha hecho tampoco en relación a la oferta educativa para las mujeres rurales, sector en el que muchas adolescentes y jóvenes dejan el colegio al llegar a la secundaria. El analfabetismo, un problema que afecta mayormente a las mujeres, es objeto de un programa del gobierno que atiende a cientos de miles.

Pero el método que utiliza no asegura ningún resultado, porque se trata de una atención de pocos meses y no se han establecido programas para que esas mujeres y hombres  puedan luego seguir  una educación básica, algo  indispensable para que permanezcan como alfabetos funcionales.

Sin amparo oficial

Una valla muy alta La Ministra Carmela Vildoso, al juramentar como cabeza del ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, ofreció hacer del MIMDES una plataforma para influir a otros organismos del Estado para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Se ha topado, empero, con que a su ministerio muy pocos le hacen caso, como ha pasado con la discusión sobre el voto preferencial y la alternancia y con el propio proyecto de ley del MIMDES, no aprobado por el gabinete Simon. La modificación de las normas sobre Foncodes y Pronaa para el desarrollo de estrategias de seguridad alimentaria en vez de obras dispersas, no avanza: por el contrario, el criterio de reparto clientelista se está acentuando en estos organismos manejados por militantes del APRA, al igual que sigue frenado el proceso de descentralización.

La mayor parte de mujeres adultas mayores sigue sin contar con  una pensión que les de un soporte económico y un nivel de autonomía... Como muchas mujeres tuvieron durante pocos años un trabajo formal, la ley no las ampara. Quienes se afiliaron a una AFP se ven discriminadas con una pensión menor que los hombres, y quienes se jubilaron en la ONPE reciben  una pensión ridículamente pequeña.

Tal vez la única iniciativa importante del gobierno que reconoce  un rol especial  a las mujeres es el programa Juntos, que entrega  a las madres un subsidio de 100 soles mensuales a condición de que lleven sus hijos e hijas a los controles de salud y al colegio. Lo positivo de este programa es que da  el dinero a las mujeres.

Lo negativo: refuerza el rol de las mujeres como únicas responsables del cuidado familiar y de los hijos,  legitimando una división tradicional de tareas entre hombres y mujeres que limita sus oportunidades. Queda pendiente un programa social innovador, capaz de  promover los aspectos productivos en una combinación de roles más equitativa entre hombres y mujeres. ¿Imposible, demasiado difícil? No, el proyecto de Sierra Productiva ya lo hace, y en Huancavelica es una mujer yachachiq la que lidera la iniciativa.

El gobierno cuenta con instrumentos legales para promover la equidad de género, como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y el Plan Nacional de Derechos Humanos, entre otros, pero no  ha cumplido con sus mandatos. La reciente aprobación de una ley que establece el registro de Deudores Alimentarios Morosos es una buena iniciativa y podría  ayudar a  controlar el  agudo problema de los padres irresponsables en nuestro país.

Las mujeres populares

Habiendo vivido la más larga etapa de crecimiento económico continuado de la historia peruana, esto no ha redundado en que mejoren las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, especialmente de las mujeres pobres.

Contando con  ingresos fiscales más elevados que otros gobiernos, no se ha hecho obra social significativa que mejore la calidad de vida de las familias ni se ha fortalecido los programas sociales y alimentarios. Todo lo contrario: cuando subieron de precio los alimentos les congelaron el presupuesto, recortando así la ayuda cuando era  más necesaria.

Prefirió el Gobierno  buscar un mecanismo paralelo de reparto de víveres, con camiones del ejército en la madrugada, que no funcionó.

 Las mujeres todavía tienen muchas dificultades para acceder a un trabajo remunerado fuera del hogar cuando tienen hijos pequeños pues siguen siendo  muy escasos  los wawawasis y centros de cuidado infantil. De otro lado, las leyes laborales siguen dando total poder a los dueños y jefes, facilitando  los abusos contra los y las trabajadores, abusos que incluyen  el acoso sexual. Las trabajadoras, desprotegidas por el Estado, sin un sindicato que las defienda, muchas veces enfrentan el terrible dilema entre ceder a los chantajes sexuales o perder una fuente básica de ingresos de sus familias. Los  despidos por embarazos siguen siendo una realidad.

Los derechos  de las mujeres que trabajan en empresas agroexportadoras, agroindustria y confecciones, bajo  regímenes de trabajo que conllevan discriminación sistemática y daño continuo a la condición femenina, no han sido reconocidos. Ni qué hablar de los derechos de las migrantes: en ninguno de los TLCs  se ha dignado el gobierno añadir una línea al respecto.

Política económica

La crisis económica internacional que se está trasladando al Perú, está afectando seriamente a estas mujeres trabajadoras, pero también a las productoras agropecuarias e independientes. Los precios de productos como el café, el maíz, el banano, han caído, afectando a las familias que los producen.

El mercado para las artesanías se ha reducido al igual que el turismo, y con ello los recursos que muchas familias logran en sus pequeños alojamientos y restaurantes, rubro en el que las mujeres tienen importante presencia.  Las remesas que envían los familiares del exterior -de las que dependen muchas familias encabezadas por mujeres- se van a reducir en por lo  menos de US$ 200 millones. Mientras tanto, los planes anti-crisis del gobierno tienen un contenido social casi nulo y absolutamente cero en cuanto a mirada de género.

El plan anti-crisis más bien tiende a acentuar una característica de la política económica del actual gobierno: el abandono y desprecio de la inversión social, y la preferencia absoluta por las grandes empresas y las finanzas. Es así que en medio del plan anti-crisis se disminuyen los recursos a los programas sociales que dependen de los municipios y  se recortan los subsidios a los clubes de madres. El reforzamiento de los programas sociales, la salud, la seguridad social o la educación, se limita a más construcciones o refaccionamiento de las  existentes.

Se puede pues entender el malestar y la frustración de las mujeres, especialmente las de las organizaciones de base, que perciben que el tema de los derechos de las mujeres ha quedado para el discurso.

El gobierno puede tener  muchas ministras, pero no es un gobierno del espíritu y las propuestas de las mujeres. El crecimiento económico que propugna  no nos hace crecer como personas, ni como familias ni  como pueblos. Los derechos no se cumplen como se debiera. La corrupción amenaza con una violenta metástasis en el cuerpo social. Y, encima, nos quieren reducir en representatividad y poder. Ante esta situación se hace más importante que nunca fortalecer las organizaciones y desarrollar la unidad de las mujeres y los sectores populares.