Revista Mensual
de Analisis y Propuestas
N° 16
 
Seguro Social: ¿Sueño imposible?
La lucha por una pensión digna
La protección laboral en los tiempos del neoliberalismo
 
 
 
 
En este número
 
Portada

Editorial
pensión digna y suficiente

La Seguridad Social en el Perú:
SISTEMAS DE PENSIONES EXCLUYEN A LAS MAYORIAS

AFPS:
PONERLE EL CASCABEL AL GATO

Un ingreso en la vejez:
UN DERECHO POR CONQUISTAR

¿QUÉ CAMBIÓ CON EL SISTEMA DE PRIVADO DE PENSIONES

Nuestras banderas:
SOLIDARIDAD Y JUSTICIA

Aseguramiento en salud:
¿CAMINANDO EN CIRCULOS?

Protección frente a los riesgos de trabajo:
ESTAMOS MAL

Reformas a la Seguridad Social
DOS MIRADAS DE DERECHA DIFERENTE


NUEVOS DESAFIOS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL

Seguridad Social
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Reformas a la Seguridad Social
DOS MIRADAS DE DERECHA DIFERENTES
Para prevenir la pobreza en la tercera edad el Estado debería promover una reforma en el sistema pensionario, implementando un Fondo Solidario. El principio de la solidaridad permite una mayor cobertura y a la vez un valor social ausente en la sociedad peruana.

Afortunadamente los ciudadanos de nuestros países envejecen. Este es sin duda un dato positivo”.
Con esta frase empezó su artículo en el diario “El Mundo”, hace seis años, el portavoz en seguridad social del Partido Popular (PP), partido de derecha que encabezó el gobierno de España hasta 2004. Explicaba así el PP su nueva estrategia para relanzar los sistemas de pensiones. Nuestros mayores envejecen y eso es bueno. Y para que envejezcan libres de inseguridades hay que asegurar que gocen de mejores pensiones. Para eso, nada mejor que fortalecer los sistemas de protección social ¿qué tal?

Derechistas, pero no cavernícolas, los populares asumen la enorme implicancia que en el gasto público tendrá ese envejecimiento con un talante radicalmente diferente al de sus congéneres en el gobierno peruano. Los problemas de financiamiento de la seguridad social española – como en el resto de Europa - tienen que ver, esencialmente, con el envejecimiento de la población, el descenso de las tasas de natalidad y la alteración del patrón clásico que gobernó los sistemas de organización del trabajo durante buena parte del siglo pasado.

Los problemas de financiamiento de la seguridad social peruana, en cambio, se relacionan con el descomunal, delictivo e impune saqueo de los fondos aportados por los trabajadores durante 30, 40 o más años. Una combinación de ineficientes métodos de administración de los recursos aportados por éstos y políticas económicas especializadas en diluir dichos fondos (gracias a la inflación y la devaluación), que además destruyen el empleo estable, formal y protegido desde el cual se generan los aportes al sistema. En España, el problema tiene que ver con una reducción del número de aportantes al sistema.

En Perú también, pero además con el robo de los fondos de los trabajadores y la implementación durante décadas de modelos económicos refractarios al empleo que, al generar atraso e informalidad, sustraen todos los días a miles de personas la oportunidad de acceder a un sistema de seguridad social.

Nuestro desafío se orienta una vez más – en palabras de este representante de la derecha española – “hacia la mejor manera de adaptar el funcionamiento de nuestro Estado del Bienestar a esta nueva situación, y en ningún caso para ponerlo en cuestión o desmantelarlo. (...) Nuestros sistemas de seguridad social se enfrentan a la necesidad de garantizar unas pensiones adecuadas y sostenibles, sobre unas bases firmes. (...) Estas bases necesariamente han de venir de un crecimiento económico con aumento de las tasas de empleo, unas cuentas públicas saneadas, con especial atención a la reducción de la deuda pública y una modernización de los sistemas que permita responder a los cambios en las propias necesidades sociales”.

Modernización ¿cómo? Evitando la expulsión anticipada de los mercados de trabajo (protegiendo la estabilidad de los empleos); estimulando la prolongación de la vida laboral en actividad; facilitando la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; introduciendo mecanismos de jubilación flexible, compatibilizando ingresos por trabajo a tiempo parcial con el pago de pensiones por jubilación; fomentando sistemas complementarios de previsión social para los trabajadores y pequeños empresarios que descongestionen el sistema público; generando Fondos de Reserva con base contributiva para asegurar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Y, sobre todo, enfrentar este desafío como se hace en toda democracia que se respete: en base al más amplio acuerdo político y social.

Nuestros neoliberales locales, empero, carentes de imaginación y conocimientos, no ofrecen sino más de lo mismo. Mantener en la impunidad a los autores del más colosal robo de recursos privados que haya conocido el país. Preservar el modelo económico que condena a los peruanos a la inestabilidad y el empleo precario e informal. Y, para redondear la faena, acabar definitivamente con la idea de una seguridad social para todos, destruyendo los sistemas públicos de pensiones con el afán de favorecer el oligopolio de un puñado de empresas (las AFPs), cuyo único mérito es acumular ganancias multimillonarias a costa del futuro de los trabajadores.

LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO HUMANO

La Declaración Universal de Derechos Humanos, ya en 1948, señalaba en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Más adelante, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC) – suscrito y ratificado por el Perú - reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Pero es sólo hasta el 2007 que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales - encargado de monitorear el cumplimiento del PIDESC – aprobó la Observación General Nº 19 sobre el derecho a la seguridad social (OG 19).

En esta Observación se establece que el derecho a la seguridad social es un bien social y no un mero instrumento de política económica o financiera. Elementos del derecho a la Seguridad Social: Observación General Nº 19:

a. Disponibilidad (Existencia de un Sistema administrado y supervisado eficazmente, con planes sostenibles)
b. Riesgos e imprevistos sociales (atención de salud; enfermedad; vejez; desempleo; accidentes laborales; prestaciones familiares; maternidad; discapacidad; sobrevivientes y huérfanos).
c. Nivel suficiente (Importe y duración de prestaciones)
d. Accesibilidad (cobertura; condiciones; asequibilidad; participación e información; acceso físico)
e. Relación con otros derechos del PIDESC

El derecho a la seguridad social, según la Observación General 19, impone la obligación de respetar: no interferir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho a la seguridad social; proteger: impedir que terceros (particulares, grupos, empresas u otras entidades, agentes que actúen bajo su autoridad) interfieran en el disfrute del derecho a la seguridad social; y cumplir: adoptar las medidas necesarias, en particular el establecimiento de un régimen seguridad social, para la plena realización del derecho a la seguridad social.

La OG 19, también señala que los Estados Partes del PIDESC deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, las personas que trabajan en el sector no estructurado, los trabajadores enfermos o lesionados, las personas con discapacidad, las personas de edad, los niños y adultos a cargo, los trabajadores domésticos, las personas que trabajan en su domicilio, los grupos minoritarios, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los repatriados, los no nacionales, los presos y los detenidos.

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Bajo La Lupa N° 16

 

 
 
Última actualización 11-May-2010
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