Revista Mensual
de Analisis y Propuestas
N° 16
 
Seguro Social: ¿Sueño imposible?
La lucha por una pensión digna
La protección laboral en los tiempos del neoliberalismo
 
 
 
 
En este número
 
Portada

Editorial
pensión digna y suficiente

La Seguridad Social en el Perú:
SISTEMAS DE PENSIONES EXCLUYEN A LAS MAYORIAS

AFPS:
PONERLE EL CASCABEL AL GATO

Un ingreso en la vejez:
UN DERECHO POR CONQUISTAR

¿QUÉ CAMBIÓ CON EL SISTEMA DE PRIVADO DE PENSIONES

Nuestras banderas:
SOLIDARIDAD Y JUSTICIA

Aseguramiento en salud:
¿CAMINANDO EN CIRCULOS?

Protección frente a los riesgos de trabajo:
ESTAMOS MAL

Reformas a la Seguridad Social
DOS MIRADAS DE DERECHA DIFERENTE


NUEVOS DESAFIOS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL

Seguridad Social
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LOS NUEVOS DESAFÍOS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL
 
Realidad es que abordan la seguridad social: adversidad y carencia. Los modelos del bienestar social están regidos por economías que busca globalizar con exclusión.

La globalización redefine las relaciones internacionales, crea nuevos patrones sociales y cambia las estrategias económicas en el mundo entero. Es claro su aporte al crecimiento y acumulación económica de la clase empresarial, pero no hay evidencia de su aporte al desarrollo humano. Quienes sostienen que beneficia tanto a los países pobres como a los ricos, sólo se fijan en las cifras sobre actividad comercial global e ingresos totales pero no analizan los índices de desarrollo integral. Tampoco calculan el impacto provocado por el cambio de la esfera de control del comercio del ámbito local al internacional, su paso a manos de las bancas de capital cuyo interés primordial es realizar ganancias sobre sus inversiones.

Los riesgos que la globalización entraña para los trabajadores son múltiples: ni siquiera en los países donde la globalización tiene un impacto en general positivo, resultan beneficiados todos los trabajadores. Siempre hay ganadores y perdedores, incluso cuando se generan nuevos puestos de trabajo. La pérdida y la creación de empleos no se producen al mismo tiempo ni ocurren en los mismos sectores, firmas o regiones de un país o en el mismo país. La volatilidad del mercado laboral aumenta el temor a la pérdida del empleo y los trabajadores acaban aceptando condiciones de trabajo menos favorables

En el contexto de crisis economía mundial, tanto los gobiernos como las empresas sufren grandes presiones para disminuir los costos del trabajo, incluidas las contribuciones sociales que son percibidas como una amenaza a la competitividad. El mercado de trabajo se hace cada vez más precario, sobre todo a causa del desarrollo de las formas atípicas de trabajo, y la vulnerabilidad de los trabajadores aumenta. El modelo familiar tradicional se erosiona y surgen estructuras familiares múltiples; los movimientos migratorios se intensifican; se diversifican las estructuras sociales. Estas transformaciones impactan sobre la sociedad y la vida de los individuos y contribuyen a la aparición de nuevas necesidades y riesgos. Es clave indagar cuán viables son los regímenes de seguridad social sometidos a tan fuertes tensiones y cuánta es su capacidad de hacer frente a los desafíos actuales.

Desarrollo social sostenible

Las economías latinoamericanas se han caracterizado por ondulantes procesos en el mercado laboral, con fases de aguda destrucción de empleo y otras de acelerada creación. Si no se dan cambios profundos en las estructuras sociales, productivas y de protección social, y un reforzamiento del sector público, va a ser difícil que salgan del círculo vicioso de una economía que oscila recurrentemente entre el desempleo y el empleo de mala calidad.

En los países más desarrollados se reconoce qumiee el crecimiento económico sostenible va de la mano con la cohesión social, y que esto implica el respeto de las normas fundamentales del trabajo. Es evidente que las sociedades menos desarrolladas están menos preparadas para enfrentar los cambios que conlleva la globalización. Si un país no posee de un sistema democrático sólido, bien definido y apoyado por la población, es probable que sea más vulnerable a las influencias del exterior. Lo mismo para la economía. Un país que no tiene un sistema de educación y de investigación sólido, un mercado laboral estructurado y programas de protección social eficientes y preparados para satisfacer las necesidades de la población, será más vulnerable a la imposición de normas foráneas y la colocación de industrias multinacionales en su territorio no va a contribuir a su verdadero desarrollo.

Un sistema económico mundial equitativo debería consolidar los derechos fundamentales e incluir mecanismos de protección social.

Lograr el desarrollo sostenible hoy en día supone encontrar un equilibrio fino entre globalización, promoción de las normas fundamentales del trabajo y protección social. Los fuertes vínculos entre comercio e inversión, crecimiento económico y desarrollo social, y la necesidad de abordar estas cuestiones desde una perspectiva integral implican revisar y reforzar las normas fundamentales del trabajo desde un enfoque interdisciplinario. Un sistema económico mundial equitativo debería consolidar los derechos fundamentales e incluir mecanismos de protección social que contemplen las nuevas formas de organización social, asegurar que los flujos comerciales y de inversión beneficien al conjunto de la población y en especial a quienes participan en los procesos de producción y contribuyen al crecimiento económico. Sólo así se hará realidad la promesa del desarrollo social sostenible con justicia y equidad.

 

  
Privatización de la seguridad social:

LOS CANDADOS DEL TLC

En el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Perú otorgó privilegios excesivos a inversionistas extranjeros como el Citibank, limitando severamente la libertad de acción de nuestro país en el área de seguridad social.

Las privatizaciones de las últimas dos décadas han ocasionado un enorme daño a la mayoría de peruanos al reducir, en vez de ampliar, su acceso a servicios indispensables para asegurar su dignidad en el campo de la salud, la educación y la seguridad social. Un caso grave es el de la seguridad social, empeorado por el descuido de quienes negociaron el TLC con EEUU.

Fujimori inició la debacle

Inspirado en una política similar impuesta en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet, el ex Presidente Fujimori impulsó la privatización parcial del sistema de seguridad social peruano. Primero introdujo radicales modificaciones en la legislación laboral que condujeron a la minimización de cualquier clase de acción u oposición sindical y luego emprendió la demolición de lo que quedaba de los sistemas públicos de pensiones. La seguridad social dejó así de ser un derecho y se convirtió en una oportunidad de negocios para las Administradoras Privadas de Pensiones (AFPs) ligadas a los grandes grupos de poder económico local y a inversionistas extranjeros.

El resultado: un fracaso en términos económicos y sociales, ya que el sistema privatizado tiene costos más altos para el ciudadano y tasas de retorno más bajas, en el largo plazo, que las del sistema público. La cobertura ciudadana quince años después de la reforma es de tres de cada 5 cinco peruanos tiene alguna cobertura de seguridad social.

El TLC profundizó la pérdida

Las regulaciones heredadas del fujimorismo produjeron un sistema poco permeable a la competencia que acabó gestionado por un número reducido de empresas. Una de éstas, éstas, ProFuturo AFP, tenia como accionista principal primero al Citibank y ahora al Grupo Scotiabank, corporaciones financieras con mucho poder político e influencia en los Estados Unidos. El dato cobra mayor relevancia en el contexto de los TLC que esta suscribiendo el Perú. La revocación de la privatización parcial del sistema de seguridad social es una demanda importante de los sindicatos y agrupaciones nacionales de jubilados. Por ejemplo el TLC con los EEUU otorgó privilegios excesivos a inversionistas extranjeros (eliminado), limitando severamente la libertad de acción de nuestro país en esta área.

En efecto, el TLC con los EEUU prevé compensaciones potencialmente enormes si Perú nacionaliza o afecta de cualquier manera las ganancias previstas por una inversión extranjera cubierta por el Tratado, lo que incluye acciones financieras y licencias de operación. Por ejemplo, una empresa “protegida” por un TLC podría demandar compensaciones por sus ganancias futuras anticipadas, potencialmente afectadas por una reversión -así fuera parcial- del sistema privado de pensiones. Esta amenaza es más grave porque el TLC con los EEUU no prevé excepciones frente al supuesto de revocación de la privatización parcial del sistema de seguridad social. Al contrario, este TLC dice explícitamente que no habrá excepción, un elemento disuasivo difícil de sortear para un país pobre como el Perú. La situación en que quedamos además de problemática es contradictoria: puesto que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses rechaza abrir su sistema de seguridad social a la competencia privada con fines de lucro, ¿por qué deberíamos en el Perú aceptar que se mantenga esta imposición por vía del TLC?
   

 

  
El convenio iberoamericano de seguridad social

Un Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social fue aprobado en julio de 2007 y firmado por varios países en noviembre del mismo año, en el contexto de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago de Chile. Si bien esta cumbre pasará a la historia por el famoso “por qué no te callas” que el rey de España, Juan Carlos I, espetó a Hugo Chávez, los 22 países participantes asumieron importantes compromisos sobre el desarrollo y la inclusión social.

El Convenio se convierte en un instrumento que permite la homologación de ciertos derechos de los trabajadores migrantes y sus familias de manera que puedan disfrutar de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores. Su objetivo, por tanto, es garantizar la cobertura social de los trabajadores que a lo largo de su vida laboral o profesional se desplazan o desplazaron a otro país y, por otra parte, las futuras pensiones de los trabajadores que desarrollan su actividad en los países de la Comunidad Iberoamericana (continuidad de su historia previsional). Con ello, se beneficiaría a unos 6 millones de inmigrantes, que es el número estimado de inmigrantes iberoamericanos que viven en algún país de la Comunidad Iberoamericana.

El Convenio, hasta el momento, ha sido suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. No obstante, para que entre en vigencia, se requiere la ratificación de, al menos, 7 países. Sólo dos países lo han ratificado hasta el momento: El Salvador y Ecuador. Si bien ya ha sido aprobado en los respectivos parlamentos de España, Chile, Brasil, Uruguay y Venezuela, encontrándose en fase muy avanzada en otros países, por lo que previsiblemente podría entrar en vigor en 2010. Actualmente, el convenio en Perú continúa durmiendo en los laureles, a la espera de ser aprobado. Cabe recordar que el Perú tiene firmados convenios bilaterales de seguridad social con España y Chile.
  

Las Sombras de los adultos mayores en América Latina
Organización Help Age

 
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Bajo La Lupa N° 16

 

 
 
Última actualización 11-May-2010
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