“En mayo de 1997 recibí la visita de la enfermera Julia (no recuerdo el apellido) quien ya me había buscado muchas veces. Mi esposo se niega a recibirla pues ya había escuchado en la calle que cortaban a las mujeres para que no tuvieran hijos. Sin embargo, dos enfermeras me ubicaron y envuelta en una frazada y diciendo que me iban a poner inyecciones para la anemia, me llevaron a la posta. Cuando llegué a la posta, me dijeron que para evitar que tenga hijos con anemia, me iban a ligar pues así me iba a curar. Asustada, quise escapar. Pero lograron meterme en una sala. Me acostaron en el piso atada por las manos. Había otras señoras tiradas sobre el piso que me decían que para qué había ido pues me iban a cortar también. Entre ellas, distinguí a la hija de Anselma a la que en ese momento la estaban forzando y atando de las manos. Pedí que no me cortaran pues tenía la T de cobre, me contestaron que me la sacarían y que no pasaría nada y que además mi esposo había firmado y que la operación sólo duraría un año”.
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El Estado premiaba a
los médicos con mayor
cantidad de intervenciones
quirúrgicas, por ello apelaron
a las argucias y engaños. |
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Este es el testimonio de una de las miles de mujeres, la mayoría residentes en zonas rurales y de origen indígena, afectadas por la política de planificación familiar implementada durante el gobierno de Fujimori. Algunos especialistas estiman que entre 300,000 y 500,000 peruanas fueron esterilizadas (mediante ligadura de trompas) sin cumplirse plenamente con su consentimiento previo libre e informado. Mas de mil casos han sido registrados por la Defensoría del Pueblo, 243 han sido extensamente documentados.
¿CÓMO FUE?
| Según el informe de la comisión sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria del MINSA, en los departamentos de Cusco, Ancash, San Martín, Piura y Puno, sólo el 10% de las personas sometidas a dicho programa lo hizo voluntariamente. |
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En Julio de 1991, el ex presidente Fujimori declaró el Año de la Austeridad y la Planificación Familiar. Meses más tarde fue lanzado el Programa Nacional de Población 1991-1995, y posteriormente el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Estos programas establecieron metas numéricas de anticoncepción quirúrgica y la supervisión sistemática de las autoridades centrales respecto a su ejecución, hechos que confirman la responsabilidad directa de las más altas autoridades del Ministerio de Salud y del propio Presidente de la República.
Giulia Tamayo, reconocida abogada, recorrió las zonas donde se estaba implementando el programa y recogió innumerables testimonios y documentos que demuestran que desde el Ministerio de Salud se fijaban cuotas de esterilizaciones a los centros de salud y se instaba a los funcionarios a cumplirlas ofreciéndoles bonificaciones o, por el contrario , sanciones.
Éstos, a su vez, presionaban a las mujeres con falsas amenazas o prometiéndoles alimentos o dinero a cambio de esterilizarse. Muchas esterilizaciones se realizaron contra la voluntad expresa de la mujer, y muchas más con consentimiento del cónyuge solamente.
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Fujimori
acusado |
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En la investigación actual del Ministerio Público sobre la presunta comisión de “Delitos contra la humanidad, Genocidio y otros, como consecuencia de la aplicación de Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria y los métodos de ligaduras de trompas y vasectomía”, se encuentra implicado el ex presidente Fujimori. Entre los casos, está el de María Mamérita Mestanza Chávez (33), campesina cajamarquina que murió a causa de una esterilización forzada.
María vivía con su esposo y siete hijos en el caserío Alto Sogorón, distrito La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca. Desde 1996, el personal del centro de salud de La Encañada empezó a presionarla para que se esterilice, mintiendo que hay una ley que multa y ordena cárcel para los que tienen más de cinco hijos. María se sometió a la operación en marzo de 1998; ocho días después, el 4 de abril, falleció a consecuencia de una infección post operatoria. En junio de 1999 el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por organizaciones comprometidas con los derechos humanos. En agosto de 2003 el Estado Peruano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos de la Sra. Mestanza Chávez y se obligó a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas a investigar y sancionar a los responsables en el fuero común y a implementar medidas para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
Las investigaciones de Tamayo y de la Defensoría del Pueblo señalan la envergadura de los hechos, las características de las personas afectadas y la forma como se desarrolló esta política pública de esterilizaciones. Basadas en ellas, se puede afirmar que estos hechos configuran graves violaciones contra los derechos humanos – esterilización forzada como delito de lesa humanidad- en contextos de diferentes formas de coacción. El ex mandatario Fujimori debe dar cuenta al Estado y a todos los peruanos y peruanas por este delito que por ser sistemático o generalizado configura un delito de lesa humanidad. |
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En algunos casos se llevaron a cabo durante otra intervención (post parto o post aborto), sin informar en absoluto a la interesada o diciéndole que era reversible. La falta de precauciones y las condiciones inadecuadas en que se llevaban a cabo llevaron en múltiples casos a complicaciones graves y, en algunos, fatales.
En su informe "Nada Personal", publicado en 1999, Tamayo establece que estas campañas de planificación familiar cometieron discriminación por género, por condición socioeconómica (pobreza y extrema pobreza), por origen y por condición racial o étnica. Sustenta también sus severas implicancias sobre los derechos humanos: “El buscar cumplir "metas preestablecidas" de anticoncepción quirúrgica, sin reparar en la calidad del servicio que se prestaba a las usuarias ni en la voluntad de las mismas, supuso la comisión de flagrantes violaciones a los derechos humanos de éstas. El dirigir las campañas de esterilización a la población femenina en edad fértil perteneciente a los sectores más pobres del país, implicó una práctica discriminatoria. Al reducirse la oferta de métodos anticonceptivos a la esterilización definitiva, se atentó contra el derecho a decidir de las usuarias. Al abstenerse a indemnizar de alguna manera a las víctimas de los errores cometidos por los profesionales de los servicios públicos de salud, el Estado incumple con sus obligaciones”
La Defensoría del Pueblo registró en 1997 las primeras quejas sobre casos de mujeres esterilizadas contra su voluntad y otras irregularidades cometidas en la aplicación de la política de planificación familiar. Desde entonces, registró más de 1,000 quejas por vulneraciones a los derechos reproductivos durante el gobierno de Fujimori.
 El Informe Defensorial Nº 7 “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” (1998) constata la existencia de un conjunto de prácticas y procedimientos contrarios a los derechos humanos de las mujeres, como la falta de garantías para la libre elección, campañas destinadas exclusivamente a la ligadura de trompas y deficiencia del seguimiento post operatorio . Concluye que "al establecerse metas de servicios referidas sólo a las mujeres en edad fértil, el Programa orienta sus acciones de manera discriminatoria hacia las mujeres".
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