Para bien o para mal, el régimen de Fujimori transformó radicalmente la economía del país. Si bien, algunos cambio s fueron necesarios, la realidad es que algunas “reformas” no dejaron un saldo positivo para el país, pues tuvieron un elevado costo social, que hasta ahora persiste.

El Perú de hoy es macro económicamente más estable y prospero, pero es también más desigual y excluyente. La riqueza se ha concentrado y el Estado se ha debilitado y retrocedido, mientras los sempiternos problemas de la pobreza y la discriminación se han profundizado.

¿FUE EL FUJISHOCK NECESARIO?

Las elecciones de 1990 enfrentaron dos candidatos. De un lado, Mario Vargas Llosa, representando a la derecha política y al pensamiento neoliberal, graficado en su propuesta de “shock” económico. En la acera del frente se encontraba Fujimori, que ofreció precisamente NO aplicar ese shock.

El “cholo barato” como doctrina La jornada de 8 horas, el pago de horas extras, el acceso a una pensión digna, la protección contra el despido arbitrario y la libertad para formar sindicatos, son algunos de los derechos que fueron recortados o conculcados por Fujimori. Durante su gobierno se expandieron los “services”, con empleos mal pagados y condiciones abusivas, dejando a millones de trabajadores sin vacaciones, gratificaciones, atención de salud y seguridad social. Este retroceso en los derechos laborales fue acompañado de una agresión sistemática a los sindicatos. Cientos fueron descabezados, debilitando la defensa de los trabajadores. De esta forma se abrieron las puertas para despidos masivos de trabajadores y el “cholo barato” se convirtió en la nueva regla. Y vaya que el cholo se volvió barato. Los sueldos y salarios cayeron a niveles escandalosos. Y aunque, posteriormente, la economía creció y los ingresos de las empresas se multiplicaron, los salarios siguieron manteniéndose muy bajos, gracias a una política laboral que hasta hoy niega al trabajador su derecho y su dignidad.

Una semana después de asumir la Presidencia, Fujimori emprendió un brutal ajuste económico. A diferencia de la propuesta de Vargas Llosa, el “Fujishock” se aplicó sin establecer mecanismos de protección a los sectores más vulnerables de la población.

En julio de 1990 el 44% de los peruanos vivían en situación de pobreza. Tras la aplicación del “Fujishock” la cifra creció al 60%. Millones se empobrecieron, impactados por una violenta alza de precio s que minimizó sus ingresos y ahorros. Así se inició el gobierno de Fujimori: aplicando políticas contra las que el pueblo peruano había específicamente votado.

Una de las ideas más machacadas por Fujimori, es que el Fujishock fue un mal necesario , indispensable para estabilizar una economía marcada por la depresión y la hiperinflación. Sin embargo, pudo aplicarse una política de estabilización que no significara un golpe tan tremendo a los trabajadores y al pueblo. Pero la realidad es que el “Fujishock” se aplicó sin mayor preocupación por el impacto que tendría sobre los peruanos más pobres y excluidos.

LOS ENGREIDOS DEL FUJIMORISMO

Las políticas de corte neoliberal que Fujimori aplicó tuvieron un elevado costo social: trabajadores, campesinos, jubilados, fueron quienes cargaron con el grueso del ajuste, mediante alzas de precio s, reducción de salario s y pensiones reales, pérdida de empleos y recorte de derechos laborales, etc.

Pero hubo sectores que acumularon ganancias y beneficios. Un ejemplo de cómo el Fujimorismo privilegió a determinados grupos es el caso de la minería, que disfrutó de un régimen tributario especial (reducción de impuestos por depreciación acelerada y reinversión de utilidades, convenios de estabilidad tributaria), reduciéndoles considerablemente el pago de sus impuestos. Así, sólo por el beneficio de la reinversión de utilidades las empresas mineras se ahorraron US$ más de 400 millones de dólares en impuestos a costa del Estado.

Quizás lo más grave ha sido que gracias a los convenios de estabilidad, los efectos nocivos de la reinversión de utilidades han sobrevivido al fujimorismo. Grandes empresas mineras como Yanacocha y Cerro Verde han alegado que la estabilidad que el régimen fujimorista les concedió, perpetúa su acceso a estos beneficio s, incluso si estos ya han sido derogados, y dejan de pagar cientos de millones al fisco hasta el día de hoy.

También los grupos vinculados a la banca y las finanzas resultaron especialmente favorecidos por Fujimori con la creación del sistema privado de pensiones (AFPs), que puso en sus manos el control de miles de millones de soles en ahorros de trabajadores y empleados.

Simultáneamente, con Fujimori se produjo un drástico fenómeno de desindustrialización, con el cierre de cientos de fábricas y la desaparición de empleos. La agricultura también sufrió el embate de importaciones subsidiadas del exterior y la falta de apoyo estatal. Aunque el Perú creció durante la década de los 90, este crecimiento fue desigual y no favoreció la creación de empleos ni la reducción de la pobreza. A lo largo de la década la brecha entre ricos y pobres se hizo mayor.

De esta forma, Fujimori inició un proceso de concentración de la riqueza que continua hasta el presente. Entre 1991 y el 2006 la participación de los trabajadores (a través de sus remuneraciones) cayó del 30.1 al 21.8% del PBI, en tanto que, opuestamente, la participación de las ganancias de las empresas e independientes creció del 52.7 al 62%.

El Perú de hoy es sin duda, más grande y más rico, pero también más desigual y excluyente. Los herederos económicos y políticos del fujimorismo se han cerrado en defender lo que Fujimori dejó el legado en el campo económico: la “visión” de un país donde la riqueza y los beneficio s son para pocos y donde las enormes mayorías son relegadas a ser espectadores de la prosperidad ajena.