Tenemos ley de consulta..., ¿y ahora qué?

Wilfredo Ardito Vega

Si hace dos años, me hubieran dicho que Ollanta Humala llegaría en calidad de Presidente a Imacita, en el territorio tradicional awajún, a promulgar la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, me habría parecido algo totalmente surrealista. Sin embargo, así sucedió el pasado 6 de setiembre y el 7 la Ley 29875 fue publicada en El Peruano.

El cambio es radical frente a la actitud del gobierno de García, que acusaba a campesinos y nativos de ser "perros del hortelano", sino que presentó varios proyectos de ley que facilitaban la disolución de las comunidades.

Sin embargo, también se trata de una ruptura marcada con la percepción tradicional de democracia, una democracia delegativa, en la cual el mandatario podía actuar durante cinco años según su libre albedrío. Así entendieron la democracia Alejandro Toledo y Alan García, cayendo en numerosos múltiples conflictos con los ciudadanos que se sentían afectados por decisiones gubernamentales. Es más, ambos gobiernos se opusieron abiertamente a las experiencias de consulta vecinal convocadas por diversas municipalidades en la década pasada: en Tambogrande (junio del 2002), Ayabaca y Huancabamba (septiembre del 2007) y Cocachacra, Islay (setiembre del 2009).

La Ley 29875 abre el camino hacia otro tipo de democracia, la democracia participativa, en la cual los ciudadanos tienen la palabra sobre los temas que les afecten. En principio, yo considero que en una democracia todas las personas, indígenas y no indígenas, deben tener el derecho a participar en la toma de aquellas decisiones que puedan alterar radicalmente sus vidas. En el caso de los indígenas, además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligan al Estado peruano a consultar medidas legislativas o administrativas, porque puede afectarse derechos como la identidad cultural de un pueblo o, inclusive, su propia existencia.

Ahora bien, un problema a resolver es que la Ley 29875 no se refiere a la consulta a las comunidades campesinas y nativas, que están reconocidas y registradas por el Estado, sino a los pueblos indígenas, sobre los cuales no existe la misma claridad. Además, el artículo 7 señala, como requisito para ser un pueblo indígena, tener patrones culturales y modos de vida distintos a otros sectores de la población. ¿Quiere decir que los indígenas que usan celulares, internet o pasta dental ya no son indígenas? Es también polémico que se considere como requisito el autorreconocimiento: todavía muchos campesinos andinos insisten en que no son indígenas porque consideran que este término es un insulto.

Algún funcionario malintencionado podría emplear el artículo 7 para dudar del carácter indígena de todos los indígenas peruanos, salvo los pueblos en aislamiento que todavía existen en algunos lugares de la Amazonía. Lo más adecuado, creo yo, sería mas bien disponer que a todas esas comunidades le corresponden los derechos señalados por la nueva ley. Los pocos casos de comunidades ficticias, conformadas para obtener algunos beneficios, deberán tratarse específicamente. Esperemos que el Viceministerio de Interculturalidad asuma este criterio para el registro de los pueblos indígenas, que, según se ha señalado, se realizaría en pocos meses.

Otro tema polémico es la validez de las decisiones legales y administrativas aprobadas por los gobiernos de Fujimori, Paniagua, Toledo y García entre 1995 y el 2011, que afectaron a pueblos indígenas y no fueron consultadas. El Tribunal Constitucional confirmó el año pasado su validez, indicando que no debe afectarse la seguridad jurídica y la buena fe de las empresas que recibieron concesiones mineras y petroleras. En ese sentido, la Segunda Disposición Final de la Ley 29875 precisa también que no se modifican las decisiones tomadas con anterioridad.

Sin embargo, el Convenio 169 ya estaba vigente entonces, por lo que nosotros creemos que, por ejemplo, las comunidades awajún tendrían el derecho de cuestionar judicialmente el recorte del parque nacional Ichigkat Muja y la concesión a la empresa Afrodita que tanto daño está realizando (RP 355). Sin embargo, frente a lo largo e incierto de los procesos judiciales, sería preferible que el propio Ministerio de Energía y Minas las concesiones que han generado mayor rechazo entre los indígenas. Debería hacerlo especialmente en los casos en que las actividades económicas no se han llevado a cabo, como las centrales hidroeléctricas que iban a inundar las comunidades asháninkas del río Tambo.

Finalmente, la ley tampoco hace referencia a la necesidad de obtener el consentimiento previo, libre e informado en aquellos casos en que está en juego la supervivencia de un pueblo, según disponen las sentencias de la Corte Interamericana, pero creemos que ese es con claridad el espíritu de la norma.

Esperemos que la aplicación de la Ley 29875 abra el camino para una nueva relación del Estado peruano con quienes a lo largo de la historia han sido los ciudadanos más despreciados.

ADEMÁS...

• Profunda conmoción ha causado en Casma el asesinato del periodista Pedro Flores Silva cometido el 8 de setiembre por un sicario. Los familiares señalan que el responsable sería el alcalde del distrito de Comandante Noel, Marco Ribero, a quien Flores había criticado con frecuencia.
• Efraín Quispe Huarcaya, campesino de la comunidad de Llillinta (Huancavelica) falleció en un enfrentamiento con campesinos de la comunidad de CCarhuacc Licapa (Ayacucho). El Presidente Regional de Huancavelica, Maciste Díaz, había señalado inicialmente que los fallecidos habían sido siete.
• Gracias a su constancia, los empleados de Ripley lograron por fin que la empresa aceptara sus demandas y recibirán un aumento retroactivo. Este hecho es una advertencia para otras empresas que abusan de sus trabajadores.
• El congresista Renzo Reggiardo insiste en su propuesta que la lucha contra la delincuencia sea enfrentada por las Fuerzas Armadas, una propuesta sin mayor sustento que el efectismo.
• 17 ancianos pacientes de mal de Hansen (lepra), que viven en las inmediaciones del centenario Hospital de Guía, en San Martín de Porres, corren el peligro de ser desalojados. Desde hace dos meses a estas personas se les ha cortado el suministro de agua, lo cual agrava seriamente su salud.

APORTES Y COMENTARIOS: Sobre la RP 372, relativa a Sao Paulo

• ¡Lo que tú señalas sobre el morador da rua en el Museo de Arte Sao Paulo se explica por la ciudadanía! Los moradores da rua son más numerosos que en Perú, pero son tratados como ciudadanos, con las mismas reglas en el espacio público que todos los demás, para bien y para mal. Lo más interesante de tu relato es el "entrenamiento de la mirada" de todos los ciudadanos, pero especialmente de los agentes de seguridad, para no fijarse en lo que simplemente son diferencias irrelevantes. En cambio, el entrenamiento de la mirada de nuestros agentes policiales es para discriminar, para encontrar elementos de marginación o exclusión. Por ahí va uno de los retos de la construcción de ciudadanía en Perú, sin abandonar la mirada compasiva que también es necesaria. (Un representante de la Defensoría del Pueblo).
• Yo nunca he estado en Brasil, pero he visto esas diferencias sociales en muchas otras grandes ciudades. En Madrid, recuerdo a una mujer anciana tumbada en el piso de la Puerta del Sol, con un cartel de cartón en el que se leía la dolorosa frase ESTOY SOLA. Estaba junto a la fachada del edificio que alberga la presidencia del gobierno regional.(Un abogado español).
• Los hombres de la rua o los homeless son los excluidos del sistema: algunos son marginales, otros alcohólicos o personas de edad que no pueden pagar el alquiler de una pieza con el dinero que perciben como pensionistas. Acá en Buenos Aires el gobierno de la ciudad ha dispuesto albergues, pero algunos prefieren continuar en la vía pública y aceptan solo recibir una frazada y una bebida caliente en las noches frías. Yo circulo por calles donde viven estas personas y su situación me interpela, pero no por esto dejo de desarrollar mi vida habitual, pensando en algunas oportunidades cómo ayudarlos en momentos críticos como el invierno o en días de mucho calor en que corren riesgo de deshidratarse (Un médico desde Buenos Aires).
• A mí me parece que en Brasil la gente es más consciente de las diferencias existentes y por eso actúa más en contra de ellas. La televisión está llena de campañas para la inclusión no sólo de gente racialmente distinta sino también discapacitada. Blancos y negros coexisten en los medios de comunicación, no como en la televisión peruana que es tan racista y la idea de belleza es más igualitaria. Quienes lanzan un insulto racista pueden ser severamente sancionados. No es que el racismo no exista, sino que el Estado busca combatirlo (Una economista peruana, que estudió en el Brasil).

LA FRASE W: La mejor forma de mantener la desigualdad es negar su existencia.

Agregar Comentario