N° 19 Agua
Escrito por Grupo Bajo La Lupa
TÍA MARIA: La lucha por el agua
En esta provincia el agua garantiza eldesarrollo local a través de una, hastaahora, próspera actividad agropecuaria enel Valle del Tambo y aledaños, que comprendea 5 de los 6 distritos: Cocachacra, Dean Valdivia,Punta Bombón, Mejía y Mollendo. El problema sepresenta porque esta agua sería afectada por laexplotación minera en un contexto de crecientefragilidad ambiental.
UN RESUMEN DE LOS HECHOS
En julio del año 2009, Southern presentó al Ministerio de Energía y Minas el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
El proyecto usaría aguas subterráneas y afectaría la cuenca. El paso siguiente según las normas era someter el EIA a audiencias públicas –como mecanismo de obtención de la licencia social-, sin que legalmente esto implique que se deba respetar la opinión de la población.
Ante esta situación, y comprendiendo los agricultores y pobladores que este proyecto tendría un impacto importante en el valle, el movimiento social frustró las audiencias públicas, consideradas por la población como meros trámites formales. A fin de definir sí se permitiría o no actividades mineras en el valle se impulsó una Consulta Vecinal y Popular. La opción que ganó abrumadoramente en la consulta del 27 de septiembre de 2009 fue la del “No” a la actividad minera. Desde entonces se desataría un conflicto, cuya fase aguda duró hasta abril de 2011.
De un lado, están las organizaciones como el Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo y de la Provincia de Islay, organizaciones de regantes, la CGTP Islay y varios de los gobiernos locales. Del otro lado, la empresa que movilizaría recursos para dividir a las organizaciones y desarrollar una importante campaña comunicativa. Otro actor importante fue el Gobierno Regional que se puso de árbitro en el conflicto y que tuvo diversas posiciones, para posteriormente comprometerse a declarar intangibles las aguas del río Tambo.
En este proceso, la empresa buscó presentar al proyecto de una manera amigable e hizo varios cambios al EIA, planteando como una posibilidad el uso de agua de mar en sus actividades extractivas (versión del EIA agosto de 2010). Del otro, la población llevó a cabo tres grandes huelgas indefinidas (abril y noviembre 2010, y abril 2011), para exigir el respeto a la Consulta Popular y lograr la declaración de inviabilidad del proyecto. El gobierno declaró finalmente inadmisible el EIA del proyecto el 8 de abril de 2011, aunque costándole la vida, lamentablemente, a tres personas (Andrés Taype Choquepuma, Aurelio Huarcapuma Clemente y Néstor Roger Cerezo Patana) y dejando heridas a cientos de personas por acción de las fuerzas del orden.
La lucha también se trasladará al terreno “técnico”, en el cual un grupo de profesionales arequipeños, los gobiernos locales y el gobierno regional presentarían observaciones importantes al EIA. Tras varias medidas de presión el Ministerio de Energía y Minas decidió la realización de una evaluación del EIA por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, la que en su informe cuestionó la consistencia, calidad y suficiencia del EIA y declaró que Tía María podría afectar de manera significativa al Valle del Tambo dadas las características de la explotación a cielo abierto y el frágil equilibrio ecológico existente en la zona.
Estos resultados circularon en medio de la preparación de tercera última huelga indefinida, la que duró 17 días, y ya con tres personas muertas, el gobierno se decidiría a declarar inadmisible el EIA del proyecto.
EL DESARROLLO LOCAL PUESTO EN PELIGRO
Entre las críticas más importantes al EIA del Proyecto Tía María están el no considerar adecuadamente el balance hídrico, tomando en cuenta la creciente escasez de lluvias producto del cambio climático y la derivación de aguas al Proyecto Pasto Grande, que han aumentado el déficit de agua en la época de estiaje.
El proyecto minero también generaría otros factores contaminantes como posibles fugas de las aguas sulfurosas, emisión de polvo y material particulado.
Por otro lado, el EIA no considera los impactos económicos y sociales, dado que el bienestar de la población que depende de las aguas superficiales del río Tambo.
El 85% de la población, de un total de 47 mil habitantes aproximadamente, dependen del agua entre usos urbanos, agrarios (alimentos como la papa, el ajo,
cebolla, maíz y materias primas como el azúcar), pesqueros (camarón de río, especies de peces y moluscos), recreativos, gastronómicos y turísticos. La calidad de vida en estos distritos se ubica en el quinto superior nacional según el índice de desarrollo humano. A ello se debe agregar que el Valle del Tambo es la despensa alimentaria local y del sur del país, y genera directamente un valor de 272 millones de soles anuales, además de lo que genera indirectamente.
Se trata en resumen de la contraposición entre dos modelos de desarrollo: uno basado en la productividad agropecuaria del valle y otro en la explotación minera.
EL DESARROLLO DE ISLAY A DECIDIR SU PROPIO MODELO DE DESARROLLO
La inexistencia de una autoridad ambiental fuerte, la elaboración de los EIA por parte de la propia empresa, la ausencia de políticas de ordenamiento territorial, la incapacidad del Estado para evaluar y controlar los EIA, así como mecanismos de participación que están lejos de ser consultas efectivas, configuran un escenario en el que los derechos de las poblaciones son vulnerados.
Esto implica además un atentado contra el derecho democrático de la población a decidir su propio modelo de desarrollo, siendo las políticas del Estado imposiciones centralistas que favorecen a las grandes empresas mineras.
Sin embargo, la población de Islay, de
modo similar al de otros casos como Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba, desarrolló una Consulta Vecinal y Popular que terminó expresando el deseo de la población. La Consulta se realizó en 6 distritos en los que ganó el NO a la minería obteniéndose los siguientes resultados: 95% en Cocachacra, 96% en Puntade Bombón, 98% en Dean Valdivia, 93% en Matarani, 90% en Mejía y 82% en Mollendo, la capital de la provincia.
LA HISTORIA A TERMINADO
Según recientes anuncios, Southern presentará este año un nuevo EIA que afirma considerará varias de las observaciones al EIA y propondrá la desalinización de las aguas marinas para no afectar a la cuenca del río Tambo. La empresa espera lograr la aprobación del proyecto y la licencia social a través de las audiencias e iniciar el proyecto el año 2015. Mientras tanto, la población insiste en que la ley de consulta previa también se aplique en este caso.
